PROPUESTA RADICAL ANTE LA AGUDA CRISIS ENERGÉTICA

El país está sufriendo  una muy grave crisis energética. Durante años el gobierno la ha pretendido ocultar y recién ahora, y solo a media voz,  la presidenta la ha reconocido pero sin asumir su responsabilidad y tratando de transferir las culpas propias a terceros. La nefasta política energética actual es la continuación de la seguida por el mismo partido gobernante en la década del 90. Basta recordar que hace 20 años  vendió YPF y disolvió a Gas del Estado,  Agua y Energía Eléctrica e Hidronor, liquidando los grandes pilares de la energía en Argentina, que permitieron ejercer plenamente la soberanía sobre nuestros recursos naturales y alcanzar la condición de país autosuficiente.
Con la venta de la empresa estatal disminuyeron en forma notoria las inversiones de riesgo para explorar y descubrir nuevos yacimientos. El resultado fue la caída de nuestras reservas de hidrocarburos al mismo tiempo que la liquidación de Agua y Energía e Hidronor provocó la drástica reducción de la construcción de centrales hidroeléctricas. La Argentina depende cada vez más de los hidrocarburos y  cada vez produce menos hidrocarburos

Hoy el país paga un alto precio por la mala gestión de Repsol -YPF. Pero este es solo un aspecto del fracaso del oficialismo en materia energética. Lo que está en crisis es la falta de una política de energía y la necesidad de invertir. No bastan cortinas de humo. Este gobierno desde el 2003 ha agravado la situación al perder el autoabastecimiento en petróleo y gas; ha obligado a importar cantidades crecientes e insostenibles de combustibles,  y también ha comprometido la hacienda pública con un programa de subsidios presupuestarios cuya insostenibilidad en el tiempo es admitida por todos salvo por algunas empresas que con audacia están reclamando ahora su reimplantación.
Han sido también los gobiernos de los Kirchner y de sus gobernadores adictos los que  renovaron los contratos sin licitación, diez años antes de que vencieran, hasta por 40 años, como ocurrió con Panamerican Energy, a una ridícula regalía del 12 por ciento y autorizando la libre exportación, que sigue hasta el momento, mientras que el país está pagando altos costos importando combustibles para que las empresas se beneficien a cambio del perjuicio que sufren los argentinos. La primera obligación de las autoridades es darle al pueblo una información transparente de todo lo actuado.
A través de su programa de gobierno, aprobado por la Convención Nacional, la UCR ha propuesto soluciones. La situación es grave y tendrá serias consecuencias hacia el futuro. Es nuestra obligación hablar claro en momentos en que se ha llegado a una situación límite. No se saldrá de la misma si no se realiza un cambio de política y  de organización del sector. Para ello es previo separar de la administración a los funcionarios del fracaso.
Las propuestas del Plan aprobado por la Convención Radical requieren la sanción de un nuevo marco legal que reemplace  a la llamada ley 17319 y su continuadora la ley corta 26197 y la reorganización sectorial a partir de la creación de nuevas instituciones estatales para el ejercicio eficiente de la funciones indelegables del Estado que hoy no son llevadas a cabo ni por el Estado nacional ni por los Estados provinciales. Estos son los puntos esenciales del  programa radical explayados en las Bases del Programa Partidario 2011:
1) Realizar de inmediato auditorias integrales e independientes de concesiones de explotación y permisos de exploración; en cada una de las áreas otorgadas a partir  de 1992. Estas auditorias serán de  legalidad y también técnicas. Deberán evaluar el cumplimiento de los concesionarios y permisionarios de todas las obligaciones que surgen del régimen legal vigente y del texto de los contratos y determinarán, asimismo, las reservas de  hidrocarburos en todas sus categorías. Los resultados de la auditoria serán públicos.
2) La nueva ley de hidrocarburos preverá la creación de una Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANPGB) con la misión de fiscalizar la actividad de los permisionarios y concesionarios; realizar licitaciones de áreas, y controlar el funcionamiento de los mercados de hidrocarburos.
3) Aquellos concesionarios o permisionarios de exploración  que no hayan cumplido con sus compromisos deben revertir la áreas  a sus concedentes, conforme a las pautas que establece la legislación vigente.
4) En función del resultado de las auditorias propuestas se evaluará la conveniencia de realizar nuevas licitaciones con las  áreas revertidas al Estado y las modalidades con que las mismas se llevarán a cabo o, si corresponde, se efectuarán   nacionalizaciones o estatizaciones,  según el caso.
5) Retirar las áreas off- Shore de la jurisdicción de ENARSA y pasarlas al ámbito de la ANPGB para su licitación por una modalidad de contratos de asociación similar al Plan Houston del período 1985-1989 con las adaptaciones que las actuales circunstancias ameriten introducir.
6) Realizar una auditoria integral e independiente para el proceso de importación de combustibles, particularmente gas natural licuado (GNL), gas oil y fuel oil. Los resultados de la misma serán públicos.
Buenos Aires, 16 de abril de 2012

Hipólito Solari Yrigoyen
Presidente de la Convención Nacional
de la Unión  Cívica Radical