Escuchanos por Internet


en Web en Blog

6.7.20

Es indispensable mantener el IFE, también en San Luis.

En su momento, cuando el Presidente explicó que la crisis económica que vivimos era producto de la pandemia de coronavirus y no de la aplicación de la cuarentena, estuvimos totalmente de acuerdo. Fue Fernández quien expuso que "Cada vez que hablan del daño del aislamiento, digo que no es la cuarentena la que complicó la actividad en todo el mundo, sino la pandemia; no discutamos más eso".

Por lo tanto, vemos con preocupación que se esté evaluando la decisión de otorgar la tercer cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) seleccionando a las personas por la provincia en que viven y la situación sanitaria local, limitando el aporte sólo a las que están en Fase 1.

En los sectores más desfavorecidos, desocupados o de trabajo informal, en las villas y los barrios populares es donde la contracción económica se vive con más crudeza. Y como bien lo explicó Alberto Fernández, eso es igual en todos lados. También en San Luis.
 
Por eso, es indispensable mantener el IFE y también los Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) en todas las provincias argentinas más allá de la situación epidemiológica de cada lugar. Son medidas centrales que ayudan a enfrentar las dificultades económicas en los sectores más vulnerables.

Es el Estado quien tiene las verdaderas herramientas para que esta fenomenal crisis que enfrentamos no deje fuera del mapa a grandes sectores de la población.

Dip. Joaquin Mansilla
Libres del Sur

3.7.20

Juntos por el Cambio advierte que la persecución penal de periodistas constituye un atropello sin precedentes desde el regreso de la democracia

Juntos por el Cambio manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que la Justicia impute a periodistas en una causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal. La persecución penal de miembros de la prensa constituye un atropello que no tiene precedentes desde el regreso de la democracia en 1983.

La tarea de la prensa es investigar, indagar y dar a conocer libremente cualquier información. Por eso sostenemos que cualquier causa judicial, motorizada por sectores del poder, contra periodistas por realizar su trabajo es un atentado a la libertad de expresión y a la democracia toda. Además, funciona como un claro mensaje para sembrar el temor y la autocensura de los trabajadores de prensa y los medios de comunicación.

Remarcamos, además, que la posibilidad de detención de periodistas -de la que dan cuenta algunos medios de alcance nacional- se da en consonancia con declaraciones sumamente preocupantes de miembros del Gobierno nacional y de encumbrados dirigentes oficialistas que en videos profusamente difundidos por redes sociales han llegado a hablar de “asociaciones ilícitas” entre periodistas de investigación y la Agencia Federal de Inteligencia.

Estas declaraciones no son únicamente un nuevo embate del kirchnerismo contra la prensa, observamos que vienen peligrosamente de la mano de un intento de criminalización de periodistas como llevan adelante los más rancios gobiernos autoritarios.

Por último, Juntos Por el Cambio hace suyas las declaraciones y advertencias recientes de la Academia de Periodismo, FOPEA y ADEPA.

Firmantes: Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio; Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni (Interbloque Cambiemos en el Senado), Mario Negri y Cristian Ritondo ( Interbloque Cambiemos en Diputados).

29.6.20

UNIDOS EN DEFENSA DE LA VERDAD Y LA TRANSPARENCIA

Fuerzas de seguridad allanaron el jueves el departamento del ex secretario presidencial Darío Nieto, en el marco de una causa por supuesto espionaje que investiga la justicia federal.

Los integrantes de Juntos por el Cambio queremos decir que estamos tranquilos, porque creemos en la integridad moral de Darío y confiamos en que la Justicia demostrará que es inocente.

Sí nos preocupa que, mientras la sociedad está angustiada por la pandemia, un sector del oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político, con el aparente objetivo de conseguir la impunidad de ex funcionarios procesados o condenados por corrupción.

Esto ocurre, además, en medio de una serie de atropellos institucionales, que van de la escandalosa última sesión del Senado y los superpoderes presupuestarios hasta un intento de expropiación inconstitucional y la discriminación a las provincias gobernadas por nuestra fuerza política, entre otros.

Desde principios de año el kirchnerismo buscó de todas las formas posibles involucrar judicialmente a ex funcionarios de Cambiemos en causas de corrupción. Pero no encontró nada, por la sencilla razón que nuestro gobierno fue transparente y honesto.

Juntos por el Cambio está unido en defensa de las instituciones democráticas y en ponerle un freno a los intentos de algunos de decirle a la sociedad que todos los políticos son igual de corruptos. No es así.

Como siempre, creemos en el Estado de Derecho y colaboraremos con la Justicia en lo que haga falta, más allá de cualquier atropello o tergiversación de la verdad. Y confiamos en que finalmente se hará justicia.

Firmantes: Mauricio Macri, Alfredo Cornejo, Elisa Carrió, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Ferraro y Miguel Ángel Pichetto.

Jorge Macri, Diego Santilli, Mario Negri, Marcos Peña, Luis Naidenoff, Fernando de Andreis, Eduardo Macchiavelli, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni, Álvaro González, Oscar Aguad, Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Jorge Faurie, Alejandro Finocchiaro, Germán Garavano, Luis Miguel Etchevehere y Federico Pinedo.

PRO Distritos
Jorge Macri - Provincia de Buenos Aires
Héctor Stefani - Tierra del Fuego
Santiago Hardie - Tucumán
Diego Santilli - Capital Federal
Alfredo Schiavoni - Misiones
Gustavo Hein - Entre Ríos
Federico Angelini - Santa Fe
Enrique Ramírez - Formosa
Julio Sahad - La Rioja
Ignacio Torres - Chubut
Marcelo Bermúdez - Neuquén
Gabriela González Riollo - San Luis
Enrique Juan - La Pampa
Carlos Cejas Lescano - Santiago del Estero
Enzo Cornejo - San Juan
Gladys Pichona Moises - Salta
Enrique Cesarini - Catamarca
Silvana Giudici - Santa Cruz
Omar de Marchi - Mendoza
Sofía Brambilla - Corrientes
Víctor Rousseau - Chaco
Aníbal Tortoriello - Río Negro
Darío Capitani - Córdoba
Osmar Monaldi - Jujuy

Consejo Nacional PRO
Sonia Cavagnini, Martín Goerling, Esteban Bullrich, Nidia Moirano, Sergio Wisky, Alfredo de Angeli, Raúl Schiavi.

Foro de Legisladores PRO
Rodrigo Posse, Ximena Sola, Juan Martín.
 

3.6.20

Juntos por el Cambio recibe con preocupación el cambio del Protocolo de Ciberpatrullaje

Un protocolo derogado, pensado para buscar en fuentes públicas delitos complejos, como narcotrafico, trata de personas, venta de armas y otros, se ha convertido en un instrumento de vigilancia de la cuarentena y el “humor social” basándose, en los vistos y considerandos, del DNU de emergencia sanitaria.
Sancionado el 31 de Mayo del corriente, la Resolución 144/2020 firmada por la Ministra de Seguridad Sabina Federic, aprueba el “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con uso de Fuentes Digitales Abiertas”, como respuesta a la objeción que nuestros diputados plantearan el 8 de abril en la reunión de la comisión de seguridad. En dicha oportunidad la funcionaria expuso sobre la tarea de las fuerzas policiales asegurando “las fuerzas de seguridad monitorean las redes sociales para ver el humor social”.
Ante el rechazo de nuestros legisladores y autoridades de Juntos por el Cambio, la ministra propuso elaborar un protocolo de ciber vigilancia integrando a todos los sectores de la sociedad civil.
Como primer punto, Juntos por el Cambio lamenta no haber sido convocado a la mesa de discusión y la parcialidad en la convocatoria a distintas organizaciones. Tampoco fue convocada ninguna instancia del poder judicial a la mesa de Ongs, perdiéndose la oportunidad de elaborar un protocolo con altos consensos democráticos. Es también importante señalar que las mismas organizaciones convocadas, como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), han planteado públicamente sus objeciones y pedidos de derogación parcial del protocolo, lo que demuestra el poco consenso ciudadano sobre una medida de seguridad y vigilancia sobre las redes sociales y la opinión popular en ellas expresada.
Como parte de la discusión planteada sostenemos que derogar una norma anterior, sancionada por la gestión de Cambiemos, que hacía hincapié en el combate al narcotráfico y el crimen organizado y restringía la vigilancia digital solo a los crímenes de alta peligrosidad para sancionar un protocolo con eje en la vigilancia de la pandemia y el comportamiento de los ciudadanos durante el ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio), hace perder el importante avance en la lucha contra el narcotráfico y las mafias que se había logrado con resultados notables, verificados con indicadores precisos y estadísticas comprobadas durante los últimos 4 años.
Juntos por el Cambio desea alertar sobre lo dispuesto por el nuevo protocolo, en especial sobre el final del artículo 3 del anexo de la citada norma, que establece vigilancia vinculada “al desarrollo de indicios relativos a los delitos que hace referencia el DECNU2020-260-APNPTE del 12 de marzo y sus modificatorias previstos en los art. 205, 239 y concordantes del Código Penal”
Se vigilarán especialmente en las redes sociales, las expresiones, opiniones o eventuales acciones sobre la pandemia y los comportamientos sociales en cuanto al cumplimiento de la cuarentena dispuesta por el poder ejecutivo. Situación que excede el marco de las garantías constitucionales en cuanto los ciudadanos son libres de expresar por la vía y medio que deseen sus pensamientos y opiniones. Al establecer que “se considerarán presuntamente delictivas aquellas conductas a cuyo respecto pueda evaluarse que están dirigidas a incitar o producir una inminente acción delictiva” se dejaría a la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad la facultad de intervenir o denunciar a todo aquel que exprese cualquier crítica u opinión respecto de las medidas dispuestas para contener la Pandemia de Covid-19. Juntos por el Cambio rechaza toda posibilidad de consagrar un Ciberpatrullaje del Pensamiento. Nuestras leyes penales, y todo el ordenamiento constitucional vigente establece que ningún ciudadano puede ser observado por sus ideas y restringe a la comisión de delitos configurados dentro del código penal la actuación de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos de opinar y peticionar ante las autoridades no debe ser cuestionado ni restringido. El accionar de las fuerzas debe ser determinado por acción judicial según el 183 del Código Procesal Penal de la Nación. Al no quedar lo suficientemente reglamentado el accionar policial en el nuevo protocolo, ya que faculta a cada fuerza a modificar en reglamentaciones específicas posteriores podría entenderse que en cumplimiento de su tarea para “impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores” daría la posibilidad a las mismas de intervenir preventivamente sobre las opiniones de un delito que tal vez, no llegara nunca a configurarse.
El protocolo por lo tanto excede la participación de las fuerzas federales en la necesaria prevención de delitos complejos y graves para avanzar sobre la opinión, expresiones o conductas sociales sobre la circunstancia de extrema excepcionalidad que plantea la Pandemia.
Desde 1983 las fuerzas que integramos Juntos por el Cambio sostenemos el respeto de los derechos humanos como elemento principal de la lucha contra el delito. Lamentamos que a través de un protocolo destinado a prevenir el crimen, se avance en acciones riesgosas y discriminatorias contra la población, que ante la amplitud de esta norma, podría autocensurarse por el temor de ser ciberpatrullado a la hora de opinar sobre cuestiones de la vida cotidiana, temores, angustia, o preocupación sobre su economía en el devenir de los casi 80 días de aislamiento.
Por lo tanto instamos al gobierno nacional a integrar nuestra mirada en el seguimiento del accionar de las fuerzas de seguridad y sumar a otros actores importantes como la justicia o las fuerzas de oposición a la mesa de coordinación creada por el Protocolo de ciberpatrullaje a fin de proteger las libertades ciudadanas a la vez que trabajamos por la superación de la emergencia sanitaria y la preservación de la vida de todos los argentinos

Firmantes:  Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro, por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, con el apoyo técnico de Silvana Giudici y Karina Banfi.
 

26.5.20

Juntos por el Cambio solicita aclaraciones por la obligatoriedad de la App CuidAr

Legisladores, y especialistas de Juntos por el Cambio solicitan aclaraciones sobre el anuncio del Presidente de la Nación Alberto Fernández acerca de las restricciones de circulación en la nueva fase de la cuarentena y el aval otorgado al gobernador Kicillof para establecer la obligatoriedad de la Aplicación CuidAr en la Provincia de Buenos Aires.

El 14 de mayo último en una reunión convocada por la Secretaría de Innovación dependiente de la Jefatura de Gabinete, un equipo integrado por técnicos y legisladores de Juntos por el Cambio, presentó una serie de consultas y dudas sobre la seguridad y la protección de los datos personales de la App mencionada.
En dicha reunión las autoridades se comprometieron a realizar modificaciones en la visualización de los términos y condiciones de descarga, asegurando además que la misma NO sería obligatoria para los ciudadanos, que podrían instalarla en sus celulares de modo voluntario.

Ante la decisión del Presidente de avalar a los gobernadores que opten por exigir la obligatoriedad de la App CuidAr, Juntos por el Cambio exige el cumplimiento de los puntos tratados en la reunión y el compromiso de las autoridades de mantener la adhesión voluntaria de los ciudadanos a la App Cuidar.

La descarga del Certificado Único Habilitante para Circulación CUHC, se realiza desde la página Web del Gobierno Nacional, el código QR para llevar alojado en el celular puede obtenerse desde la aplicación MI ARGENTINA, por lo que no se entiende la exigencia del gobernador de la Provincia para obligar a los bonaerenses a la descarga compulsiva de CuidAR.

Por otra parte, Juntos por el Cambio había requerido la incorporación de medidas de seguridad de la aplicación, como la apertura de los códigos fuentes y la posibilidad de realizar auditorias informáticas sobre la misma que no fueron contestadas.

Tampoco quedó aclarada la vinculación de los datos del usuario a la plataforma Facebook, ni cual será el servidor donde resida la base de datos generada. Juntos por el Cambio exigió además la destrucción de los datos recabados al finalizar la pandemia, pero la reformulación de los Términos y Condiciones no lo expresa. El inciso 5.9 de los TyC, resulta confuso y no esta explícito que ocurrirá con los datos, la palabra” destruir” no forma parte del texto. Siendo que es la ley de protección de datos personales la que utiliza el concepto para garantizar la total desaparición de los datos.

Juntos por el Cambio insiste en la no exigencia de la descarga de la App Cuidar para la circulación por ninguna jurisdicción del territorio nacional. La falta de certezas ante las consultas del comité de expertos de nuestra coalición y el anuncio de una obligatoriedad inminente para los ciudadanos de la Provincia de Bs As impiden asegurar que la información personal estará debidamente resguardada. El uso de la aplicación, la falta de respaldo normativo para la exigencia de los datos, las fallas de seguridad detectadas en el diseño informático, o la eventual impericia en el manejo de los datos por parte del gobierno nacional u otras jurisdicciones provinciales o municipales podría poner en riesgo los derechos individuales de los ciudadanos.

En nuestro país, a fines del año 2019 el 51% tiene acceso a celulares LTE/4G, requisito para el correcto funcionamiento de la App Cuidar y su trackeo de localización a través del geolocalizador del dispositivo. Una razón más para denunciar lo arbitrario y restrictivo de exigir la obligatoriedad la App CuidAr para circular por el territorio.

Firmantes: Silvana Giudici, Karina Banfi, Samanta Maida , Alberto Crovara y Juan Bebis.
“Avalado por la Mesa Nacional de Juntos Por el Cambio”.

24.4.20

Proyecto de Ley de Diputados del Interbloque San Luis Unido

Diputados del Interbloque San Luis Unido a través de un proyecto de Ley solicitas al Gobierno de la provincia que se ocupe del Sector productivo y los Profesionales puntanos. Dicen que la crisis acecha a muchos comercios,PyMES y emprendedores dada la escasa actividad económica que afecta a empresas, profesionales independientes y al empleo privado.
Así, los Diputados opositores proponen-Declarar la necesidad de la apertura inmediata de un canal de comunicación entre el Gobierno provincial y los distintos sectores a los efectos de orientar, recepcionar inquietudes y necesidades y dar respuesta a los planteos oportunamente presentados. Instar al Gobierno a habilitar una oficina de atención física o virtual a los planteos de los privados con una respuesta rápida y concreta a cada pedido y requerimiento .Que se dé amplia difusión a todos los programas, planes y/o herramientas que hayan sido o sean puestas a disposición por el Estado nacional para hacer frente a la crisis que se encuentran atravesando las micro, pequeñas y grandes empresas , debiendo prestar asesoramiento cuando así le sea requerido.

Por último, insta al Gobierno de manera urgente dictar medidas de auxilio financiero para las micro, medianas y pequeñas empresas radicadas en la provincia, como forma de sostener el empleo en el sector privado en protección de las familias puntanas.

15.4.20

JUNTOS POR EL CAMBIO PIDE EL PLENO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRES PODERES Y DEL FEDERALISMO Y ADVIERTE SOBRE EL DETERIORO DEL TEJIDO PRODUCTIVO

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió hoy para evaluar el seguimiento de la crisis de la pandemia de Covid-19 en el país y sus crecientes consecuencias económicas y sociales.
De la reunión surgieron tres ideas principales. La primera es reafirmar la responsabilidad de Juntos por el Cambio como coalición opositora y reiterar en consecuencia el pedido de reunión al Presidente de la Nación. La segunda es reclamar por el cuidado de la Republica y el funcionamiento pleno de sus tres poderes, con especial relevancia el respeto al Congreso e incluyendo al federalismo: es necesario establecer un mecanismo claro y equitativo de financiamiento a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las intendencias. Y la tercera es advertir por el deterioro del tejido productivo del país y de las vidas de millones de profesionales, trabajadores, autonomos, monotributistas comerciantes y pequeñas empresas.
Responsabilidad institucional. Juntos por el Cambio plantea su responsabilidad como coalición opositora frente a la grave situación sanitaria que estamos viviendo, basada en el rol institucional de cada uno de los partidos que la integran. En la Argentina los partidos políticos son instituciones democráticas consagradas en la Constitución, fundamentales para la vida democrática, especialmente en situaciones de crisis.
La coalición también destaca la importancia de disminuir los espacios de decision única del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, la necesidad de cuidar la democracia y hacer funcionar las instituciones de la republica. La actual parálisis del Poder Legislativo y el Poder Judicial debilita la institucionalidad del país. Por eso reclamamos que se vuelvan a poner en marcha y funcionen las comisiones bicamerales para analizar, por ejemplo, los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Presidente en este ultimo tiempo.
Reglas clara para el federalismo. En ese marco, Juntos por el Cambio promueve el respeto por el federalismo, uno de cuyos puntos principales es la equidad en el manejo de los fondos nacionales. Por eso solicita la creación de un “Fondo de Fortalecimiento de Recursos Federales”, para establecer mecanismos de financiamiento para las provincias y la CABA que usen como criterio de transferencia el resultante de la diferencia entre los recursos de origen nacional por coparticipación percibidos en el mismo mes de 2019 (actualizados por la inflación) y los efectivamente percibidos en el mismo mes de 2020. Un mecanismo igualmente equitativo debería crearse para la distribución de esos fondos desde las provincias a los municipios.
Un plan que garantice simultaneamente el uidado de la salud de los argentinos y la situacion economica . Juntos por el Cambio advierte respecto al deterioro generalizado en el aparato productivo. Esto incluye a cada uno de los eslabones que lo integran: desde los pequeños empresarios que no pueden pagar sueldos hasta los profesionales, comerciantes y trabajadores, monotributistas y trabajadores de a pie que están sufriendo perdidas enormes y se están quedando sin ahorros.
El objetivo es evitar daños permanentes. Para ello proponemos –y lo hemos hecho a través de proyectos en el Congreso– tomar medidas para que los efectos del aislamiento no dejen secuelas permanentes. Recordemos que la Argentina tiene una cuarentena estricta  y, al mismo tiempo, uno de los paquetes de ayuda oficiales más chicos. Otros países están ofreciendo ayudas mas significativas.. Las ayudas propuestas por el Gobierno argentino rondan el 1% del PBI. 
Medidas más ambiciosas y más celeridad. Por eso pedimos ampliar las ayudas a los sectores informales y productivos. Son medidas costosas, pero estamos convencidos de que costará más no actuar a tiempo para achicar los daños colaterales de la cuarentena sobre el empleo y la destrucción de empresas, que harían más profunda la recesión y más lenta la recuperación posterior. Es económica, fiscal y humanamente más conveniente tomar medidas ahora que lamentar las consecuencias después. 
Por último, la coalición reitera el pedido de audiencia al Presidente y le propone crear una mesa de diálogo con Juntos por el Cambio, como principal fuerza opositora, y los sectores del mundo del trabajo y productivo para acercar las propuestas que ya hemos presentado en el Congreso con el fin de aliviar la situación de estos sectores.
Los integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, reunidos por videoconferencia.
Puede descargar la foto en alta resolución clickeando sobre ella

1.4.20

Diputados de la UCR formalizaron proyectos sobre el recorte de salarios en el sector público



Diputados del bloque de la Unión Cívica Radical convirtieron en iniciativas legislativas lo anunciado por el Interbloque de Juntos por el Cambio el lunes pasado, vinculado a la rebaja salarial del sector público. Las mismas apuntan a una medida general que incluye a los tres poderes del Estado, cuyo objetivo es que lo recaudado sea destinado a la adopción de medidas destinadas a enfrentar la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país por la pandemia del COVID-19.

Durante el mes de diciembre del año pasado, el diputado de la Nación Alejandro Cacace elaboró un proyecto sobre equidad salarial en todo el sector público. Actualmente, y debido a la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus, la iniciativa fue readaptada para que se pueda aplicar a las circunstancias actuales.

El proyecto de ley del diputado Cacace, establece que “los funcionarios de los tres poderes del Estado, no podrán percibir, por todo concepto, una remuneración mensual superior a diez salarios mínimos, vitales y móviles, por el término de tres meses”. De esta medida quedarían exceptuados “aquellos funcionarios y personal del Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Defensa afectados de manera directa a la emergencia sanitaria”.

En el mismo sentido, la diputada y vicepresidenta del bloque de la UCR, Carla Carrizo, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que, en el contexto de la emergencia sanitaria, “disponga en forma inmediata la creación de un Fondo de Emergencia Pública por el término de tres meses consecutivos, incluido el mes en curso, a través de la imposición de un monto máximo de haberes en funcionarios y funcionarias de alto rango del Sector Público Nacional”.

Ambas iniciativas fueron presentadas vía e-mail a la Cámara de Diputados, tal como establece el protocolo de presentación de proyectos, debido a que el funcionamiento de dicha cámara se encuentra limitado por la cuarentena obligatoria establecida por el Poder Ejecutivo Nacional.

Acompañaron las iniciativas los diputados Dolores Martínez (Buenos Aires), Federico Zamarbide (Mendoza) y Miguel Nanni (Salta).

Prensa Alejandro Cacace

27.2.20

Juntos por el Cambio alerta sobre el atropello a la Justicia

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió esta tarde en las oficinas del bloque de Diputados Nacionales de la Coalición Cívica ARI y manifestó su preocupación por el avasallamiento del Poder Judicial. 

Participaron de la reunión, los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy); Rodolfo Suárez (Mendoza); el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal; los senadores nacionales Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni; los diputados nacionales Mario Negri; Cristian Ritondo; Maximiliano Ferraro y Alfredo Cornejo (Presidente de la Unión Cívica Radical); la presidente del PRO, Patricia Bullrich; el ex senador nacional Miguel Angel Pichetto y la diputada provincial Maricel Etchecoin. 

“Juntos por el Cambio quiere advertirle a la población sobre el avance del Poder Ejecutivo sobre el Judicial”, afirmaron.
 
“Por un lado, un proyecto para avanzar contra la decisión independiente y autónoma del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy intentando su intervención. Avasallar una provincia gobernada por Juntos por el Cambio y a un  gobernador que ha demostrado a lo largo de su vida el compromiso con la República y los derechos humanos para garantizar la impunidad de Milagros Sala”, agregaron. 
 
“Por otro lado, mediante la excusa del proyecto de regímenes especiales se esconde el verdadero objetivo : vaciar de jueces y fiscales los estamentos judiciales y colonizarlo con jueces propios”, señalaron los dirigentes de JxC. 
 
“Juntos por el Cambio va a defender con firmeza y claridad los principios de la  división de poderes y el valor de la República”, añadieron.


31.12.19

La Legislatura provincial aprobó la Ley Impositiva 2020

Por mayoría, la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sanluiseño. Antes había recibido media sanción de Diputados, en una sesión extraordinaria. 

 

 

Con la mirada puesta en los sectores sociales más afectados por la dura crisis económica que castiga a todo el país y la creciente inflación, el Gobierno de San Luis elaboró el proyecto de Ley Impositiva Anual 2020, que finalmente se convirtió en ley este lunes en la Legislatura provincial, durante una sesión extraordinaria.
Luego de un intenso debate entre los diputados, el proyecto obtuvo la media sanción con 21 votos a favor, incluido el del desempate, a cargo del presidente de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Eduardo.
Por la tarde, la Cámara de Senadores convirtió en ley el texto por mayoría de los votos. Asimismo, le dio su respaldo al decreto que declaró la emergencia administrativa por espacio de 90 días en la Administración Pública Provincial, que por la mañana también había aprobado la Cámara de Diputados.
La medida decretada por el Gobierno puntano fue como consecuencia del ciberataque sufrido por el Data Center. Comprende a toda la administración pública centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, y se prolongará por 90 días.
Ley Impositiva 2020
El proyecto tiene como objetivo otorgar una refinanciación de las deudas impositivas, a través de planes de pagos flexibles, que prevén una tasa de interés del  1 % mensual (actualmente es del 3 %).
El proyecto también contempla la cancelación en efectivo de las deudas por tributos, modalidad que tendrá el beneficio de una reducción del 15  % hasta el límite del capital adeudado, lo que equivale a una quita total de los intereses.
Para los morosos tributarios que no cuenten con el dinero necesario para abonar en un solo pago, el Estado les ofrecerá un plan especial, de hasta 36 cuotas, con una tasa de financiación de hasta el 24 % anual.
Los pagos en 12 cuotas tendrán una recarga del 1 por ciento mensual y 12 anual; los de 24 cuotas, con un 1,5 % mensual alcanzarán el 18 % anual y los planes en 36 cuotas contará con un 2% mensual (24 % anual).
En Diputados, el proyecto de ley de Emergencia Administrativa también fue aprobada, en este caso por mayoría de votos. Este ítem, entre otras cosas, faculta al Poder Ejecutivo para realizar compras y contrataciones directas sin tener que realizar concursos de proveedores, por un plazo de 90 días.
Morales asumió en lugar de Surroca
El diputado por el departamento Pedernera, Joaquín Surroca, presentó este lunes su renuncia a su banca, ya que continuará su labor como rector de la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón”. En su lugar asumió Gustavo Morales, quien le seguía en la lista del Frente Unidad Justicialista.
Al finalizar la sesión extraordinaria, el diputado Morales tomó juramento y desde el próximo debate ocupará su banca.

9.12.19

Cacace: “Fijar el Presupuesto es una facultad del Congreso”*

El diputado nacional electo *Alejandro Cacace* cuestionó la decisión del presidente entrante Alberto Fernández de prorrogar el tratamiento del presupuesto federal 2020 cuando faltan veinte días para concluir el año.

A través de una cadena de tweets el legislador nacional (UCR) lamentó la postergación del debate sobre la normativa que regirá los gastos y cálculos de la Nación para el año que viene.
“El electo Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa había adelantado que el primer proyecto a discutir en el Congreso sería el Presupuesto 2020 , en sesiones extraordinarias en Diciembre, en las cuales desde Juntos por el Cambio estamos dispuestos a participar y debatir”, enfatizó Cacace.

“La decisión de Fernández de prorrogar el presupuesto cuando faltan más de 20 días para terminar el año muestra una falta de vocación de que el Congreso ejerza una facultad que le es propia constitucionalmente”, subrayó el legislador sanluiseño.
“Corresponde al Congreso fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional y el Presidente Electo ha dispuesto de todo el tiempo de la transición para hacer sus propuestas de modificación al proyecto presentado”, puntualizó.

Cacace afirmó que el retorno de las “viejas costumbres” en mandatos anteriores del kirchnerismo no será posible. “No vamos a avalar ni consentir es el restablecimiento de superpoderes presupuestarios o el dictado de decretos de necesidad y urgencia para asuntos que el Congreso puede reunirse, discutir, consensuar y sancionar como ley, tal como la política fiscal”, concluyó.

Es importante recordar que quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto (art 37 Ley de Administración Financiera) y que el presupuesto a prorrogar (2019) es muy inferior en gasto al proyecto de Presupuesto 2020 : 4,17 frente a 6,24 billones de pesos.

3.12.19

Juraron los nuevos diputados provinciales: Juan Carlos Eduardo fue elegido presidente

Se trata de 20 legisladores que fueron electos en las últimas elecciones y 3 que reemplazarán a otros que renunciaron para cumplir otros roles gubernamentales. Además, se eligieron a las nuevas autoridades de la Cámara Baja. El saliente intendente de San Francisco, Juan Carlos Eduardo, fue consagrado como el nuevo presidente del cuerpo legislativo.




Este lunes a la mañana se realizó el acto de jura de nuevos diputados en una Legislatura provincial que se vio colmada de familiares, amigos y simpatizantes de las distintas fuerzas políticas.
Tras los distintos pasos protocolares, la presidenta provisoria de la sesión preparatoria, Sonia Delarco, tomó juramento a los diputados electos que cumplirán sus funciones hasta el 2023:
Por el Frente Unidad Justicialista lo hicieron Juan Carlos Eduardo y Ana María Agüero por el departamento Ayacucho, José Pedernera y María del Carmen Portela por Chacabuco, Adrián Agüero (reelecto) y Verónica Garro por San Martín; y Anabela Lucero, Joaquín Surroca, Francisco Irusta (reelecto) y Teresa Páez por Pedernera.
Por San Luis Unido juraron Ricardo Giménez por Ayacucho (reelecto), Ariel Barroso por Chacabuco (reelecto), y Luis Lucero Guillet, Mónica Becerra y Víctor Sosa por Pedernera.
En el caso del Frente Juntos por la Gente, los nuevos legisladores son Mario Alume Nasif por Ayacucho (reelecto), Mirtha Ochoa por Chacabuco, y Mario Raúl Merlo, Verónica Causi (reelecta) y Berta Arenas por Pedernera.
Asimismo, también juraron tres nuevos diputados que reemplazarán a otros que renunciaron para cumplir otros roles gubernamentales: María Zarate por Alejandro Cacace (electo diputado nacional), Norma Moreno por Juan Manuel Rigau (electo intendente de El Trapiche) y Norma Villegas por Rosa Calderón (electa intendente de Villa de la Quebrada).
Luego se conformó la mesa directiva de la Cámara Baja. Juan Carlos Eduardo, del Frente Unidad Justicialista, fue elegido presidente; José María Escudero, del bloque Peronismo del Interior, ahora es vicepresidente primero; y Bartolomé Abdala, del PRO, es el nuevo vicepresidente segundo.

29.10.19

san luis: Frente de Todos bajó su performance con respecto a las PASO



El resultado de las elecciones del domingo 27 determinaron en la provincia de San Luis que el frente Juntos por el cambio avanzó en la cantidad de votos obtenidos con respecto a las PASO. Efectivamente, en aquella oportunidad obtuvo el 34,84% de los votos, y ahora sumó 45,09%, mientras que el Frente de Todos bajó su performance al obtener ahora un 41,59% contra 45,20% del mes de agosto.



El resultado no produjo cambios en la conformación de los Diputados Nacionales electos, ya que igualmente consagraron a Alejandro Cacace y a Carlos Ponce,solamente el significado político de haber ganado una elección en una provincia eminentemente peronista.

30.9.19

ELECCIONES MUNICIPALES: Censuran candidatura a Intendente del Frente de Izquierda – Unidad

El pasado viernes por la tarde el Tribunal Electoral Municipal notificó a las Apoderadas del Frente de Izquierda – Unidad, una resolución por la cual inhabilitan a Carlos Montiveros para ser candidato a Intendente en las Elecciones Generales Municipales del próximo 10 de noviembre.
El argumento se basa en un informe proveniente de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial de la Provincia de San Luis, en el cual, Montiveros“se encuentra registrado como agente administrativo, prestando funciones en el Juzgado Civil, Comercial y Minas N° 3 de este Poder Judicial, desde la fecha 01/12/2011 hasta la actualidad. No ha solicitado el uso de ninguna licencia. Se encuentra inhabilitado para ejercer cargos políticos, según lo dispuesto en el Art. 13, inciso 2) de la Ley Orgánica de Administración de Justicia”.
Tal disposición dice lo siguiente: “Ningún miembro del Poder Judicial,podrá intervenir en acto alguno de propaganda electoral o política, ni ejercer empleo o comisión de carácter político nacional, provincial o municipal, sea rentado, electivo o ‘ad honorem’. Todo aquel que encontrándose en ejercicio de sus funciones acepte cualquier empleo de los declarados incompatibles, cesa automáticamente por ese hecho de ser miembro del Poder Judicial”.

Al respecto, Johana Gómez, Apoderada del Frente de Izquierda – Unidad y candidata a Concejal, dijo: “Nos parece una resolución completamente arbitraria, anti-democrática e inconstitucional, ya que toda persona goza del derecho constitucional de participar en cualquier proceso electoral y a ser elegida por la ciudadanía. El compañero Carlos Montiveros es trabajador judicial, no ocupa ningún cargo jerárquico en la Justicia Provincial y reúne todos los requisitos necesarios para participar en estas Elecciones Municipales como candidato a Intendente. De hecho, resulta paradójico que Montiveros ya haya sido candidato en las Elecciones Nacionales del año 2015 y 2017, sin ningún tipo de problema ni inhabilitación, y ahora surja este supuesto impedimento en manos del Tribunal Electoral Municipal”.

Por su parte, Carlos Montiveros, candidato a Intendente de la Ciudad de San Luis por el Frente de Izquierda – Unidad, manifestó: “Es bastante sorpresiva la decisión del Tribunal Electoral Municipal, ya que tanto en el año 2015 como en el año 2017 fui candidato a Parlamentario del Mercosur y a Diputado Nacional, respectivamente, y para la Justicia Electoral Federal no surgieron ningún tipo de problemáticas e inhabilidades”.

Por otro lado, dijo: “Resulta absolutamente arbitrario e inconstitucional no permitirle a un trabajador, en este caso, judicial, que no ocupa ningún cargo jerárquico dentro de la Justicia Provincial, no permitirle ser candidato en las Elecciones Municipales de este año. Además, el informe de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial es bastante claro al comunicar que me encuentro inhabilitado para ‘ejercer cargos políticos’, hecho que todavía no ocurre, ya que la ciudadanía no me ha elegido para ser Intendente Municipal, por lo que, la inhabilitación correría solamente cuando se está por asumir, ejercer o desempeñar un cargo, y no cuando se es candidato”.

Por último, Montiveros concluyó: “Con nuestras Apoderadas del Frente de Izquierda – Unidad, hemos presentado un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra la Resolución del Tribunal Electoral Municipal, como así también, la inconstitucionalidad del Art. 13, Inciso 2) de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, ya que restringen derechos constitucionales básicos como el de ser candidato y ser elegido, y además contradicen lo dispuesto por el Art. 9, Inciso ‘D’ del Estatuto del Empleado Judicial de la Provincia, y por el Art. 29 del Régimen de Licencias del Poder Judicial. De ninguna manera, vamos a dejar pasar el criterio arbitrario, anti-democrático e inconstitucional del Tribunal Electoral Municipal, que no solamente afectan mis derechos constitucionales sino también el de aquellas personas que van a acompañar al Frente de Izquierda – Unidad con su voto en las Elecciones del 10 de noviembre”.

El Art. 9, Inciso “D” del Estatuto del Empleado Judicial de la Provincia de San Luis dice: “Queda prohibido al personal judicial:Valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para realizar proselitismo o acción política. Esta prohibición de realizar propaganda no incluye el ejercicio político del agente en toda su plenitud de acuerdo con su convicción, siempre que se desenvuelva dentro de un marco de mesura y circunspección y fuera del ámbito de trabajo.

Y el Art. 29 del Régimen de Licencias del Poder Judicial de la Provincia de San Luis establece: “El personal comprendido en el presente reglamento, que fuera designado para desempeñar un cargo de representación electiva o de mayor jerarquía a la que reviste en el Poder Judicial, en el orden provincial, nacional o municipal, tendrá derecho al uso de licencia sin goce de sueldo por el tiempo que dure aquella designación, debiendo reintegrarse al cargo originario en este Poder, dentro de los treinta días siguientes al término de sus funciones. En todos los casos y sin recurso alguno el Superior Tribunal de Justicia concederá o rechazará la petición mediante resolución fundada”.

Prensa FIT - Unidad.

24.6.19

Fueron definidas las candidaturas de los diferentes frentes que participarán de las PASO del 11 de Agosto.

En San Luis fueron inscriptas  en el Frente Juntos por el Cambio dos listas. Una es encabezada por el diputado provincial radical Alejandro Cacace y la dirigente de Avanzar, Eugenia Gallardo; y también lo hizo el  actual diputado provincial del PRO, Bartolomé Abdala junto a Betiana Ponce.
-Para el Frente de Todos se propuso al vicegobernador, Carlos Ponce y a la actual concejal de San Luis, Ayelén Mazzina.
-En el Frente Consenso Federal también jugarán des listas la lista . La primera la integran el líder de Libres del Sur, Joaquín Mansilla, hasta ahora adherente a Cambiemos, junto a la referente del Movimiento Feminista Mumalá, Ailen Chaine; y el segundo binomio la conforman, el secretario de General del gremio Gastronómicos, Claudio Álvarez y María Eugenia Ciminari.
-Por el Frente de Izquierda de los Trabajadores se postulan Johana Gómez e Iván Amado
El Frente Provincial encabezado por Adolfo Rodriguez Saá no presentó candidatos para estas PASO, pese a que dos de sus integrantes, los Diputados nacionales Ivana Bianchi y Andrés Vallone terminan sus mandatos.
De los cinco Diputados Nacionales que representan a San Luis solamente renovarán dos sus mandatos.