El apoyo del Gobierno, a través del Secretario de Justicia de la Nación e incluso del propio Presidente, a la convocatoria a una reunión de personas el 1º de febrero próximo para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un acto de suma gravedad institucional y otro paso más en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos.
Ninguna de las políticas que propuso el Gobierno en materia judicial tuvo en cuenta a los sectores más postergados de la sociedad que tienen dificultades en acceder al servicio de Justicia, ni tampoco le interesó proseguir con experiencias exitosas que disminuían considerablemente el tiempo de duración de los procesos. El interés del Gobierno siempre estuvo centrado en los jueces o tribunales en los que se tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia Vicepresidente de la República.
De esa forma, se intentó incrementar de un modo absurdo e inconstitucional el número de tribunales penales federales de la Capital, se nombró un Consejo Consultivo para que analizara, entre otras cosas, cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema y el número de sus integrantes, se trató de modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal para designar un Procurador General afín y para amedrentar a los fiscales con el riesgo de la remoción. La firme actitud que han tenido los bloques de Juntos por Cambio han impedido que esas iniciativas prosperaran hasta el presente.
Simultáneamente, se han tratado de justificar a las causas de corrupción ignorando la verdad o falsedad de los hechos o la culpabilidad o inocencia de sus autores, atribuyéndolas a un inexistente y burdo “lawfare”, una persecución política orquestada por la administración anterior, los medios de comunicación, empresarios y jueces. No importa entonces si esos graves hechos existieron o no, y quienes los cometieron, todo cae en la bolsa común del “lawfare”.
A todo esto se suma la prédica constante tendiente a deslegitimar a las decisiones judiciales y a los jueces que fallan de modo contrario a los intereses del Gobierno, socavando permanentemente la credibilidad de las sentencias judiciales. En ese sentido, resulta inadmisible que varios ministros del Poder Ejecutivo hayan visitado a una condenada por corrupción, reclamando su libertad como si fuera “presa política”, cuando está siendo juzgada en varias causas, y ya ha recibido condena firme en alguna de ellas.
La Constitución Nacional establece el procedimiento de remoción de los jueces de la Corte Suprema de Justicia en los artículos 52, 59 y 60. Le corresponde acusar a la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes, y el Senado, por la misma mayoría, hacer lugar a la destitución del acusado, a quien se le permitirá el derecho de defensa.
Este procedimiento no puede ser sustituído por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno. No sólo es ir en contra de lo que la Constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una actitud golpista, como lo sería pretender la renuncia del Presidente o de un miembro del Congreso por fuera de los mecanismos que establece la Constitución.
Un principio básico de una república democrática es la separación entre los distintos poderes del Estado, para que ninguna de sus ramas pueda asumir el Poder de modo absoluto. Al contrario, se trata de que cada una pueda controlar la actividad de las restantes. Respecto de la justicia el aspecto esencial a preservar y proteger es su independencia, esto es la autonomía y separación de los otros poderes estatales e, incluso, fácticos o económicos. Sólo así se asegura la imparcialidad que tienen que tener los jueces para decidir con sujeción sólo al Derecho vigente y no a cualquier otro interés.
La democracia requiere de la plena vigencia del Estado de derecho. La Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia constituyen el gran marco de convivencia de una sociedad.
Los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio ratifican su compromiso absoluto con la defensa de la Constitución y con la independencia de la Justicia, y no tolerarán que se siga menoscabando la credibilidad de los jueces. A la vez, exhortan al Gobierno Nacional a seguir los caminos que marca la Constitución, respetar las decisiones judiciales cualesquiera fueran éstas y finalizar los ataques permanentes contra la Corte Suprema de Justicia, sus integrantes y los tribunales inferiores.
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