Respuesta al escrito “Solanas ¿cuál es?”, de Gerardo Fernández
(El escrito fue difundido por Editorial Continente)
Por Fernando Pino Solanas y Alcira Argumedo
Mucha confusión debe andar suelta por Argentina, cuando nos encontramos debatiendo con cierta dureza frente a una persona que no conocemos, aunque puede reflejar la opinión de muchas otras. En su escrito “Solanas: ¿cuál es?”, Fernández expresa su miedo de ser iconoclasta al criticarnos. Pero ese no es el problema; el problema es ser injusto en sus acusaciones y, aceptemos, también ofensivo. Cuando se discuten ideas, conviene centrarse en ellas, sin descalificar a quienes las expresan; en especial cuando se descalifica no por conductas reales sino por supuestas intenciones aviesas. Queremos aprovechar la ocasión para responder también a otros compañeros o amigos que han expresado sus críticas -algunas calumniosas- por distintos medios, como la Radio de las Madres, que nos colocaban abiertamente con “el campo”, en tanto no se aceptan terceras posiciones.
Es cierto que desde el principio del conflicto afirmamos que no era posible estar incondicionalmente con unos o con otros -como hicieran la mayoría de los grupos de izquierda- porque en cada uno de ellos había alianzas poco recomendables y ambos cometían el pecado de dejar afuera a actores que no son precisamente populares, como las grandes transnacionales exportadoras de granos y oleaginosas y los pools de siembra, beneficiarios de gran parte de la renta agraria. En el bloque “del campo” la alianza incluía a la Sociedad Rural y entidades de la oligarquía que acompañaron las causas más reaccionarias. Pero la decisión de imponer retenciones móviles por parte del gobierno se tomó sin tener en cuenta un diagnóstico serio sobre la heterogénea composición del sector rural, de los distintos grupos de poder que intervienen en el fenómeno de la sojización y de las graves secuelas que este fenómeno viene produciendo en términos económicos, sociales, ecológicos y en la salud de importantes segmentos de la población argentina. Si se contaba con información acerca de que el 20% de los productores controlan el 80% de la producción; o el papel que juegan las transnacionales exportadoras y los pools de siembra; la Resolución 125 tendría que haber contemplado ajustes y segmentaciones imprescindibles.
De este modo, la correcta medida de las retenciones móviles se hubiera aplicado legítimamente a ese 20% que controla el 80% de la producción y, además, se hubiera controlado el cobro de los aportes correspondientes a las grandes corporaciones exportadoras -Cargill, Nidera, Bunge Argentina, Dreyfus, Vicentín, LCD Argentina o Aceitera General Deheza- así como a los pools de siembra que eluden impuestos al actuar como fideicomisos. Las corporaciones exportadoras obtienen ganancias descomunales y, gracias al tratamiento de la Resolución 125, recibieron beneficios adicionales del orden de los 1.100 millones de dólares solamente en soja y 1.700 millones si se incluye el conjunto de los granos y aceites, como denunciara el diputado Claudio Lozano y otros legisladores, apoyados a su vez en la investigación penal de Ricardo Monner Sans y Mario Cafiero. Debe registrarse que, en función de dicha denuncia, la ONCCA -Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario- ha debido comenzar a investigar las “distracciones” de funcionarios poco transparentes que permitieron ese negociado, según informan los periódicos de estos días.
Por lo demás, la mera política de retenciones no resuelve el drama mayor de esta historia -el de los pequeños campesinos y las comunidades de pueblos originarios- que en los últimos años fueron brutalmente castigados por los desalojos o la erradicación de los montes nativos. En los años de gobierno del presidente Néstor Kirchner, el gobernador Juan Carlos Romero de Salta promovió una devastación sistemática de los montes -con consecuencias de hambrunas y desastres ecológicos- sin que el Poder Ejecutivo ni el Congreso de la Nación escucharan los reclamos: recordamos una vez más que la reserva Pizarro de esa provincia se salvó gracias a la intervención del actor Ricardo Darín y de Diego Maradona desde su programa “La Noche del 10”. También recordemos que el gobernador Jorge Capitanich del Chaco, otra provincia devastada por la soja, habla como vocero del Partido Justicialista de la redistribución de la riqueza en los mismos momentos en que la televisión exhibe la muerte por hambre de niños y adultos indígenas chaqueños, como consecuencia de la destrucción del Impenetrable. La condena a chacareros que hayan sido cómplices de desalojos y apropiación indebida de tierras de campesinos o indígenas, no debe ocultar la responsabilidad de las autoridades nacionales y provinciales durante los últimos años. Estas son algunas de las razones que enunciamos desde el principio del conflicto por las cuales, ante una polarización distorsionada, nos negamos a tomar partido ciego por una u otra de las partes.
Uno de los cuestionamientos de Gerardo Fernández se refiere a la diferencia entre criticar determinadas políticas desde “el centroizquierda testimonial” -lo cual sería demasiado fácil- o desde un lugar con responsabilidad de gestión. Sin duda, el análisis de la realidad política que hicimos en el artículo “La noche del Senado” publicado en Página 12 el pasado18 de julio, fue realizado desde un espacio que puede ser testimonial, pero bajo toda evidencia no es de gestión. Si esto inhibe cualquier tipo de crítica, estamos perdidos; porque entonces no se podría opinar sobre la problemática nacional hasta no desempeñar una gestión, aunque sea en “una intendencia pequeña”. Lo cual no solamente descarta nuestra opinión, sino también la de millones de ciudadanos y varios miles de periodistas, intelectuales y militantes que no desempeñan ninguna gestión. En tal sentido, reivindicamos para nosotros y para todos, el derecho a opinar “desde el llano”. Otra cosa es la crítica que puede hacerse al contenido de la opinión.
Fernández señala que “el gobierno ha cometido errores y tiene limitaciones ideológicas pero no es petardeado precisamente por eso. A este gobierno se lo quieren cargar desde la derecha y eso, o bien parece no ser visto por el cineasta y la socióloga o bien no se lo admite porque están esperando que lo hagan mierda de una buena vez para surgir -ellos- como la alternativa salvadora.” Si se reconoce que el gobierno ha cometido errores, la pregunta es si esa crítica es legítima o no. Pero si inmediatamente se acusa a quienes formulan las críticas de jugar para la derecha y esperar que hagan mierda al gobierno para proponerse como alternativa salvadora, se cae en esa trampa de plantear falsas polarizaciones, crispar los ánimos desde una concepción amigo-enemigo -que facilita el encubrimiento e impide cualquier debate serio- y es precisamente una de las críticas formuladas por nosotros al accionar político del kirchnerismo. Si hemos participado en la creación de Proyecto Sur es para construir con otras fuerzas políticas y sociales una alternativa -sin pretensiones salvadoras- frente a las experiencias de gobiernos neoliberales, entreguistas e impregnados de corrupción que nuestro país padece desde hace décadas. Convencidos de que la corrupción y los negocios privados con recursos públicos son una de las lacras principales de la Argentina -y uno de los factores esenciales que impiden una real distribución de la riqueza- “el cineasta y la socióloga” no están dispuestos a ser cómplices del negociado de las exportadoras y los pools de siembra ni de ningún otro, que extrañamente no son mencionados por nuestros críticos.
No es la primera vez que lo intentamos: en 1991 “el cineasta” recibió nueve tiros en las piernas -de parte del justicialismo que hacia esos años era menemista- por denunciar el vaciamiento de YPF previo a su vil privatización. Privatización apoyada por el gobernador Kirchner, que ese mismo año recibía al presidente Menem afirmando su apoyo al “proyecto de transformación y cambio que la Argentina debe llevar adelante”, con entrega del patrimonio público e indultos incluidos. Con referencia a este problema podemos recordar también el 24 de febrero de 1992, ese día en que un Parlamento eufórico festejaba la privatización y el desguace de YPF: el miembro informante fue el diputado Oscar Parrilli del grupo íntimo de Kirchner, mientras el propio Kirchner -también invadido por la euforia- aseguraba a los medios de comunicación que se trataba de un acto de soberanía. O evocar en marzo del 2002 la actividad de tres gobernadores -Romero de Salta, Sobisch de Neuquén y Kirchner de Santa Cruz- llegados a Buenos Aires para presionar al Parlamento y la Casa Rosada con el objetivo de eliminar las retenciones -reiteramos, las retenciones- a la exportación de las petroleras privadas, que venían agotando salvajemente las reservas sin ningún tipo de control estatal, ni cumpliendo con la reposición mediante inversiones en exploración: una obligación establecida en los contratos que nunca cumplieron.
Asimismo, es posible recordar en el 2007 la prórroga por cuarenta años apoyada por el entonces presidente -diez antes de que vencieran las concesiones- de las reservas de Cerro Dragón en favor de la British Petroleum y otras corporaciones hacia las cuales ha mostrado especial simpatía, como Repsol: la prórroga se otorga hasta su extinción total en el 2047; y a ello se suma la entrega de la plataforma submarina. Esto en un contexto de crisis energética, cuando el barril de petróleo ha pasado de 60 a casi 140 dólares en sólo ocho meses y la renta energética en manos de las corporaciones ronda los 30.000 millones de dólares anuales. Ni hablar de la “argentinización” de Repsol YPF protagonizada por el señor Eskenazi, operador financiero de los misteriosos fondos de la provincia de Santa Cruz y los del matrimonio Kirchner: demasiadas “casualidades permanentes”, como diría un ex mandatario, lector de Sócrates. ¿Será que Repsol y la British Petroleum pertenecen a las mayorías populares por carácter transitivo, dados sus estrechos vínculos con este gobierno? Porque nadie niega que la oligarquía terrateniente con su Sociedad Rural conforma una de las capas tradicionales de las clases dominantes; pero el actual bloque de poder hegemónico en nuestra nación incluye además a los grupos económico-financieros locales y de capital extranjero, fortalecidos al amparo de la dictadura militar y las políticas neoliberales de los ochenta y noventa.
Esto no significa desconocer los logros alcanzados, en especial durante los primeros tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner, como la anulación de las leyes de impunidad del terrorismo de Estado, la renovación de la Corte Suprema de Justicia -aunque no así de los Jueces Federales y las Cámaras de Casación- junto a la ratificación de la alianza con el MERCOSUR y Venezuela, que llevaron a decir No al ALCA en Mar del Plata, además de la decisión de no emplear políticas represivas ante el conflicto social; aunque está el interrogante de la aprobación en el Congreso de la Ley Antiterrorista a instancias del entonces presidente. Pero una cosa es dar respuestas correctas a las demandas de los organismos de Derechos Humanos con su epopeya de treinta años de resistencia; responder al repudio social hacia las oscuridades de la Corte Suprema y comprometerse en un proceso de integración beneficioso para nuestro país; y otra es promover políticas a favor de las poderosas corporaciones económico-financieras o del “capitalismo de amigos” que no llevan necesariamente a una redistribución de la riqueza, como demuestran los resultados después de casi cinco años de gobierno.
Con referencia al voto de Claudio Lozano, Fernández lo acusa de haber tomado posición en contra del proyecto gubernamental, que significa “votar junto a la Sociedad Rural, el macrismo, la Colisión Cívica, el duhaldismo, los Rodríguez Saá, el delasotismo, el partido de Patti y toda la gama de partidos provinciales que, como es sabido, no se destacan por su progresismo”. Y sigue: “Cuando hubo que decidirse por un proyecto como el del oficialismo que, aun sin contemplar en un 100% sus propuestas, se acercaba mucho más a sus postulados políticos e ideológicos, votaron en contra.... Y no se engañen porque ya somos bastante grandecitos. Ese voto político fue un voto por la suspensión de las retenciones. O sea que acabaron votando totalmente lo contrario de lo que abogan. Penosa demostración del servilismo a la antipatria”¡¡¡Epaa!!!
Proyecto Sur se pronunció por retenciones móviles y segmentadas en beneficio de los medianos y pequeños productores; el problema es que el sector gubernamental se negó sistemáticamente a crear en su proyecto una Comisión que investigara ese desfalco cercano a los 1.700 millones de dólares, realizado por las transnacionales exportadoras gracias al tratamiento de la Resolución 125 y a la complicidad de funcionarios literalmente metidos en la mierda de una gestión corrupta. ¿Cómo pueden explicar Gerardo Fernández y otros críticos progresistas su silencio frente a la denuncia de Lozano sobre una de las mayores estafas cometidas contra el Estado en estos tiempos? Ante la negativa gubernamental, el diputado de Proyecto Sur presentó junto a otros diez legisladores un proyecto en minoría, fundamentado en esa denuncia y en el cual se promueve una Comisión Investigadora. Pero dada la dinámica parlamentaria, votar por el proyecto kirchnerista o abstenerse hubiera significado retirar su propio proyecto. ¿Será que estas exportadoras y fondos de inversión también pertenecen por carácter transitivo a las mayorías populares, en tanto apoyaban a la Resolución 125 que les permitió obtener esas ganancias adicionales, sumadas a los beneficios extraordinarios que de por sí se llevan? Vale remarcar que fue precisamente esa denuncia la que obligó al gobierno a encarar, después de la votación del Senado, la investigación del fraude. Mientras tanto, parecía más fácil acusar a Lozano de “servilismo a la antipatria”.
Sin ninguna duda, el compañero Jorge Rulli es una de las personas con mayor autoridad moral, intelectual y política en lo referido a la problemática de la soja -que viene investigando y denunciando desde hace más de una década con su Grupo de Reflexión Rural- y ni hablar de su trayectoria militante en la historia de lo Nacional y Popular en Argentina. Su opinión sobre algunos aspectos del conflicto del campo es contundente: “En este caso, me parece que habría que poner el acento en la inmensa felonía de cientos de intelectuales que encubrieron con discursos contra la oligarquía el despojo al país por parte de los aceiteros y exportadores. Las demandas de la ONCCA ponen al descubierto cuál era el problema y lo que estaba en juego”
Para que no se sospeche de nosotros que, como señala Fernández, “su verdadera estrategia no es otra que acumular desde un centroizquierda con folklore Nacional y Popular , para lo que se requiere primordialmente un fuerte esmerilamiento del oficialismo”, “el cineasta y la socióloga “ debiéramos haber promovido una consiga tipo: “Haga Patria, apoye las privatizaciones petroleras con los compañeros Repsol y British Petroleum a la cabeza; mire para otro lado cuando las compañeras aceiteras y exportadoras se hacen una changuita; defienda al compañero Techint y al tren bala; aplauda a las compañeras corporaciones que explotan la minería con cianuro y generosamente contaminan fuentes de agua y tierras; confíe en las estadísticas del INDEC de Moreno; porque ese es el único camino para incorporarse al campo Nacional y Popular contra la oligarquía”. Si no se promueven tales consignas o no se guarda un prudente silencio sobre estas acciones del gobierno, “el cineasta y la socióloga” reafirmarían -según el escrito de Fernández- su “servilismo a la antipatria”.
Pero hay más: “siguen errando el análisis y jugando objetivamente el papel que más le conviene a la derecha, transitando viejas sendas analíticas que a lo largo del último medio siglo vio al peronismo como el gran impostor y la causa de sus fracasos y por lo tanto abogó por su liquidación de modo tal de poder ocupar el espacio que el determinismo histórico LES tiene reservado.” La historia militante del “cineasta y la socióloga” con referencia al peronismo histórico está tan lejos de esta caracterización, como lejos está el kirchnerismo del peronismo histórico. Se comete un grueso error al identificar el proyecto de Perón y Evita con las sucesivas manifestaciones del pejotismo -entre otras el menemismo, el duhaldismo o el kirchnerismo- que son un espejo invertido de ese proyecto. Por lo demás, la adscripción a las tradiciones nacional-populares de Argentina y América Latina de Solanas y Argumedo no es una actitud derivada de modas actuales: baste repasar lo filmado o escrito respectivamente en los últimos cuarenta años. Así que dejemos de lado este tema.
Pero es grave afirmar que “Llambías necesita de Buzzi y Solanas para que corran por izquierda al gobierno y así atenuar el impacto de desestabilización que viene inequívocamente por derecha”. En realidad, vuelve a plantearse aquí una vez más la mecánica de imponer esas espurias polarizaciones reiteradamente utilizadas por el ex presidente -tipo conmigo o sinmigo- sumadas a la evocación de fantasmas para el pueblo argentino. Es notorio cómo el gobierno logró maniobrar a partir de esas polarizaciones espurias con la amenaza del golpe de derecha, junto al regreso de comandos civiles y grupos de tareas. Por supuesto que somos grandecitos como para saber que en el país existen rencores, odios e intereses económicos junto a sectores reaccionarios, dispuestos a desestabilizar los regímenes democráticos que no les son afines. Pero fue el error del gobierno con su drástica polarización y su obcecada decisión de mantener sin cambios la Resolución 125 el que brindó bases sociales a la Sociedad Rural, produciendo un distorsionado corte transversal de la sociedad donde las opciones no eran “Braden o Perón”, “liberación o dependencia” ni mucho menos “oligarquía o pueblo”. La metodología política que criticamos planteaba falsas opciones: se está con la Sociedad Rural o se está con los negociados de Bunge y otras exportadoras, sin mencionar los pools de siembra como Grobocopatel. Los negociados, la política petrolera o el permiso a las corporaciones mineras para llevarse oro, plata y otros minerales de alto valor a mera declaración jurada y sin ningún tipo de control estatal o retenciones no serían “una penosa demostración de servilismo a la antipatria”; por el contrario, la “penosa demostración de servilismo a la antipatria” es negarse a entrar en esas falsas disyuntivas o ser cómplices de los hechos de corrupción que siguen envenenando al país.
Con sólo unos días de perspectiva, se transparenta el peligroso juego planteado por el gobierno al extremar la estrategia de amigo-enemigo y una confrontación “sin lugar para los tibios,” que le fue restando consenso dentro de sus propias fuerzas. Se decía que Cristina Fernández había perdido en las ciudades grandes debido a la “gorilización” de las clases medias, pero ganó en los pueblos del interior donde estaban las clases populares; lo cual evidencia cómo su estrategia en el “conflicto del campo” le enajenó gran parte de esas simpatías. Porque fueron los pueblos del interior los que se movilizaron en las rutas -por nuestra parte, criticamos las acciones que llevaron al desabastecimiento- presionando a intendentes, diputados y gobernadores kirchneristas para oponerse al gobierno: de esta manera, la fábula de Pedro y el Lobo se transformó en la de Rached y Cobos. Fernández nos acusa de no hacer críticas “al campo” por sus metodologías de presión y la eventual acción de grupos de tareas, mencionados en su exasperación por el ex presidente: la madre de Rached habría sido víctima de esas presiones. Pero el diputado Rached declaró a Clarín el 21 de julio: “Yo estaba seguro de lo que iba a hacer, pero no lo dije antes porque elaboré una estrategia campesina...estoy convencido de que ahora tengo un millón de amigos más que antes”. Esto no impide que se condenen los hechos de violencia contra legisladores ocurridos, por ejemplo, en Tucumán; pero los grupos de tareas fueron experiencias demasiado aberrantes como para evocarlas con cierta irresponsabilidad.
Finalmente, además de otros temas menores, el escrito afirma que: “Cuando describen el palco de Kirchner.... es mala leche mentar a Scioli y soslayar a Martín Sabbatella, a los miles de argentinos que fueron por las suyas, al pobrerío, a los sindicatos y los miles de militantes que movilizaron, por ejemplo, los movimientos sociales que son, a la larga, los que están bancando este proceso. Ignorar esto es verdaderamente letal, en tanto delata una carga de necedad imperdonable. Porque cualquier profundización de este proceso seguramente dinamitará los puentes con ciertos sectores tradicionales del peronismo y el sindicalismo cegetista, pero cualquier agudización de contradicciones va a encontrar a los movimientos sociales en la primera línea de combate. Incluso hasta si imagináramos un hipotético ascenso de Solanas a puestos de gestión, se requeriría del consenso de estos mismos sectores sociales que hoy junto a Argumedo olvida citar en su diatriba contra ‘el palco del martes’”. Si la lógica del análisis no fuera extremar la opción amigo-enemigo, nos permitimos mantener nuestro respeto hacia Martín Sabbatella con quien quizás tengamos diferencias, pero seguramente no somos enemigos; saludamos a los miles de argentinos con quienes en esta oportunidad no estamos de acuerdo, pero tampoco son nuestros enemigos; preferimos no hablar de “pobrerío” para referirnos a nuestros compatriotas más golpeados, a quienes asimismo saludamos: “pobrerío” suena despectivamente, parece un término de señora bien “del campo”. Hemos trabajado en apoyo de movimientos sociales, respetando siempre “la dignidad de los nadies”: además de la reivindicación de empresas recuperadas y otras experiencias en las películas del “cineasta”, el mismísimo Luis D´ Elía puede dar fe de reuniones de piqueteros -y no solamente de intelectuales y artistas consagrados- en la Biblioteca Nacional, en cuya organización participó “la socióloga”.
En síntesis, una cosa es tener diferencias políticas con el gobierno y otra muy distinta convertirse en enemigo del campo popular. También debe distinguirse entre la derrota o el rechazo de un proyecto mal planteado en el Parlamento y un golpe de la derecha. Una faceta positiva de este conflicto fue que por primera vez en la era kirchnerista hubo un gran debate parlamentario, donde se vertieron las distintas ideas en las comisiones y se discutió en los medios de comunicación sobre el complejo tema agrario. Como afirmamos en el tan demonizado artículo: “Es necesario promover un profundo debate que eluda las falsas polarizaciones y sea capaz de encontrar los caminos para el diseño de un proyecto de país más justo y en condiciones de dar respuesta a los desafíos de una nueva época histórica”. El conflicto del campo es un ejemplo de las formas en que no debe abordarse ese debate. Dejemos de lado los ataques y respuestas injuriosos. Guardemos las energías para plantearnos discusiones con rigurosidad acerca de cómo construir un espacio político con múltiples miradas, alrededor de un proyecto de país capaz de liberarnos de las viejas y las nuevas oligarquías, de los grupos de poder económicos y financieros y de las corporaciones transnacionales que nos vienen saqueando desde hace décadas; con estrategias creativas de redistribución de la riqueza, sin corrupciones ni negocios privados con patrimonios públicos; sin crear falsas expectativas sobre partidos y cuadros políticos que exhiben trayectorias demasiado poco coherentes; reivindicando el valor de las conductas éticas y la recuperación de esa capacidad de acción colectiva, con un fuerte sentido solidario, que mostraron las mayorías populares como respuesta frente a la crisis. No volvamos a entramparnos en tramposas disyuntivas ni en crispaciones que nos impiden evaluar con claridad las sendas que puedan conducirnos hacia esa segunda emancipación de América Latina.
Buenos Aires, 26 de julio 2008
(El escrito fue difundido por Editorial Continente)
Por Fernando Pino Solanas y Alcira Argumedo
Mucha confusión debe andar suelta por Argentina, cuando nos encontramos debatiendo con cierta dureza frente a una persona que no conocemos, aunque puede reflejar la opinión de muchas otras. En su escrito “Solanas: ¿cuál es?”, Fernández expresa su miedo de ser iconoclasta al criticarnos. Pero ese no es el problema; el problema es ser injusto en sus acusaciones y, aceptemos, también ofensivo. Cuando se discuten ideas, conviene centrarse en ellas, sin descalificar a quienes las expresan; en especial cuando se descalifica no por conductas reales sino por supuestas intenciones aviesas. Queremos aprovechar la ocasión para responder también a otros compañeros o amigos que han expresado sus críticas -algunas calumniosas- por distintos medios, como la Radio de las Madres, que nos colocaban abiertamente con “el campo”, en tanto no se aceptan terceras posiciones.
Es cierto que desde el principio del conflicto afirmamos que no era posible estar incondicionalmente con unos o con otros -como hicieran la mayoría de los grupos de izquierda- porque en cada uno de ellos había alianzas poco recomendables y ambos cometían el pecado de dejar afuera a actores que no son precisamente populares, como las grandes transnacionales exportadoras de granos y oleaginosas y los pools de siembra, beneficiarios de gran parte de la renta agraria. En el bloque “del campo” la alianza incluía a la Sociedad Rural y entidades de la oligarquía que acompañaron las causas más reaccionarias. Pero la decisión de imponer retenciones móviles por parte del gobierno se tomó sin tener en cuenta un diagnóstico serio sobre la heterogénea composición del sector rural, de los distintos grupos de poder que intervienen en el fenómeno de la sojización y de las graves secuelas que este fenómeno viene produciendo en términos económicos, sociales, ecológicos y en la salud de importantes segmentos de la población argentina. Si se contaba con información acerca de que el 20% de los productores controlan el 80% de la producción; o el papel que juegan las transnacionales exportadoras y los pools de siembra; la Resolución 125 tendría que haber contemplado ajustes y segmentaciones imprescindibles.
De este modo, la correcta medida de las retenciones móviles se hubiera aplicado legítimamente a ese 20% que controla el 80% de la producción y, además, se hubiera controlado el cobro de los aportes correspondientes a las grandes corporaciones exportadoras -Cargill, Nidera, Bunge Argentina, Dreyfus, Vicentín, LCD Argentina o Aceitera General Deheza- así como a los pools de siembra que eluden impuestos al actuar como fideicomisos. Las corporaciones exportadoras obtienen ganancias descomunales y, gracias al tratamiento de la Resolución 125, recibieron beneficios adicionales del orden de los 1.100 millones de dólares solamente en soja y 1.700 millones si se incluye el conjunto de los granos y aceites, como denunciara el diputado Claudio Lozano y otros legisladores, apoyados a su vez en la investigación penal de Ricardo Monner Sans y Mario Cafiero. Debe registrarse que, en función de dicha denuncia, la ONCCA -Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario- ha debido comenzar a investigar las “distracciones” de funcionarios poco transparentes que permitieron ese negociado, según informan los periódicos de estos días.
Por lo demás, la mera política de retenciones no resuelve el drama mayor de esta historia -el de los pequeños campesinos y las comunidades de pueblos originarios- que en los últimos años fueron brutalmente castigados por los desalojos o la erradicación de los montes nativos. En los años de gobierno del presidente Néstor Kirchner, el gobernador Juan Carlos Romero de Salta promovió una devastación sistemática de los montes -con consecuencias de hambrunas y desastres ecológicos- sin que el Poder Ejecutivo ni el Congreso de la Nación escucharan los reclamos: recordamos una vez más que la reserva Pizarro de esa provincia se salvó gracias a la intervención del actor Ricardo Darín y de Diego Maradona desde su programa “La Noche del 10”. También recordemos que el gobernador Jorge Capitanich del Chaco, otra provincia devastada por la soja, habla como vocero del Partido Justicialista de la redistribución de la riqueza en los mismos momentos en que la televisión exhibe la muerte por hambre de niños y adultos indígenas chaqueños, como consecuencia de la destrucción del Impenetrable. La condena a chacareros que hayan sido cómplices de desalojos y apropiación indebida de tierras de campesinos o indígenas, no debe ocultar la responsabilidad de las autoridades nacionales y provinciales durante los últimos años. Estas son algunas de las razones que enunciamos desde el principio del conflicto por las cuales, ante una polarización distorsionada, nos negamos a tomar partido ciego por una u otra de las partes.
Uno de los cuestionamientos de Gerardo Fernández se refiere a la diferencia entre criticar determinadas políticas desde “el centroizquierda testimonial” -lo cual sería demasiado fácil- o desde un lugar con responsabilidad de gestión. Sin duda, el análisis de la realidad política que hicimos en el artículo “La noche del Senado” publicado en Página 12 el pasado18 de julio, fue realizado desde un espacio que puede ser testimonial, pero bajo toda evidencia no es de gestión. Si esto inhibe cualquier tipo de crítica, estamos perdidos; porque entonces no se podría opinar sobre la problemática nacional hasta no desempeñar una gestión, aunque sea en “una intendencia pequeña”. Lo cual no solamente descarta nuestra opinión, sino también la de millones de ciudadanos y varios miles de periodistas, intelectuales y militantes que no desempeñan ninguna gestión. En tal sentido, reivindicamos para nosotros y para todos, el derecho a opinar “desde el llano”. Otra cosa es la crítica que puede hacerse al contenido de la opinión.
Fernández señala que “el gobierno ha cometido errores y tiene limitaciones ideológicas pero no es petardeado precisamente por eso. A este gobierno se lo quieren cargar desde la derecha y eso, o bien parece no ser visto por el cineasta y la socióloga o bien no se lo admite porque están esperando que lo hagan mierda de una buena vez para surgir -ellos- como la alternativa salvadora.” Si se reconoce que el gobierno ha cometido errores, la pregunta es si esa crítica es legítima o no. Pero si inmediatamente se acusa a quienes formulan las críticas de jugar para la derecha y esperar que hagan mierda al gobierno para proponerse como alternativa salvadora, se cae en esa trampa de plantear falsas polarizaciones, crispar los ánimos desde una concepción amigo-enemigo -que facilita el encubrimiento e impide cualquier debate serio- y es precisamente una de las críticas formuladas por nosotros al accionar político del kirchnerismo. Si hemos participado en la creación de Proyecto Sur es para construir con otras fuerzas políticas y sociales una alternativa -sin pretensiones salvadoras- frente a las experiencias de gobiernos neoliberales, entreguistas e impregnados de corrupción que nuestro país padece desde hace décadas. Convencidos de que la corrupción y los negocios privados con recursos públicos son una de las lacras principales de la Argentina -y uno de los factores esenciales que impiden una real distribución de la riqueza- “el cineasta y la socióloga” no están dispuestos a ser cómplices del negociado de las exportadoras y los pools de siembra ni de ningún otro, que extrañamente no son mencionados por nuestros críticos.
No es la primera vez que lo intentamos: en 1991 “el cineasta” recibió nueve tiros en las piernas -de parte del justicialismo que hacia esos años era menemista- por denunciar el vaciamiento de YPF previo a su vil privatización. Privatización apoyada por el gobernador Kirchner, que ese mismo año recibía al presidente Menem afirmando su apoyo al “proyecto de transformación y cambio que la Argentina debe llevar adelante”, con entrega del patrimonio público e indultos incluidos. Con referencia a este problema podemos recordar también el 24 de febrero de 1992, ese día en que un Parlamento eufórico festejaba la privatización y el desguace de YPF: el miembro informante fue el diputado Oscar Parrilli del grupo íntimo de Kirchner, mientras el propio Kirchner -también invadido por la euforia- aseguraba a los medios de comunicación que se trataba de un acto de soberanía. O evocar en marzo del 2002 la actividad de tres gobernadores -Romero de Salta, Sobisch de Neuquén y Kirchner de Santa Cruz- llegados a Buenos Aires para presionar al Parlamento y la Casa Rosada con el objetivo de eliminar las retenciones -reiteramos, las retenciones- a la exportación de las petroleras privadas, que venían agotando salvajemente las reservas sin ningún tipo de control estatal, ni cumpliendo con la reposición mediante inversiones en exploración: una obligación establecida en los contratos que nunca cumplieron.
Asimismo, es posible recordar en el 2007 la prórroga por cuarenta años apoyada por el entonces presidente -diez antes de que vencieran las concesiones- de las reservas de Cerro Dragón en favor de la British Petroleum y otras corporaciones hacia las cuales ha mostrado especial simpatía, como Repsol: la prórroga se otorga hasta su extinción total en el 2047; y a ello se suma la entrega de la plataforma submarina. Esto en un contexto de crisis energética, cuando el barril de petróleo ha pasado de 60 a casi 140 dólares en sólo ocho meses y la renta energética en manos de las corporaciones ronda los 30.000 millones de dólares anuales. Ni hablar de la “argentinización” de Repsol YPF protagonizada por el señor Eskenazi, operador financiero de los misteriosos fondos de la provincia de Santa Cruz y los del matrimonio Kirchner: demasiadas “casualidades permanentes”, como diría un ex mandatario, lector de Sócrates. ¿Será que Repsol y la British Petroleum pertenecen a las mayorías populares por carácter transitivo, dados sus estrechos vínculos con este gobierno? Porque nadie niega que la oligarquía terrateniente con su Sociedad Rural conforma una de las capas tradicionales de las clases dominantes; pero el actual bloque de poder hegemónico en nuestra nación incluye además a los grupos económico-financieros locales y de capital extranjero, fortalecidos al amparo de la dictadura militar y las políticas neoliberales de los ochenta y noventa.
Esto no significa desconocer los logros alcanzados, en especial durante los primeros tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner, como la anulación de las leyes de impunidad del terrorismo de Estado, la renovación de la Corte Suprema de Justicia -aunque no así de los Jueces Federales y las Cámaras de Casación- junto a la ratificación de la alianza con el MERCOSUR y Venezuela, que llevaron a decir No al ALCA en Mar del Plata, además de la decisión de no emplear políticas represivas ante el conflicto social; aunque está el interrogante de la aprobación en el Congreso de la Ley Antiterrorista a instancias del entonces presidente. Pero una cosa es dar respuestas correctas a las demandas de los organismos de Derechos Humanos con su epopeya de treinta años de resistencia; responder al repudio social hacia las oscuridades de la Corte Suprema y comprometerse en un proceso de integración beneficioso para nuestro país; y otra es promover políticas a favor de las poderosas corporaciones económico-financieras o del “capitalismo de amigos” que no llevan necesariamente a una redistribución de la riqueza, como demuestran los resultados después de casi cinco años de gobierno.
Con referencia al voto de Claudio Lozano, Fernández lo acusa de haber tomado posición en contra del proyecto gubernamental, que significa “votar junto a la Sociedad Rural, el macrismo, la Colisión Cívica, el duhaldismo, los Rodríguez Saá, el delasotismo, el partido de Patti y toda la gama de partidos provinciales que, como es sabido, no se destacan por su progresismo”. Y sigue: “Cuando hubo que decidirse por un proyecto como el del oficialismo que, aun sin contemplar en un 100% sus propuestas, se acercaba mucho más a sus postulados políticos e ideológicos, votaron en contra.... Y no se engañen porque ya somos bastante grandecitos. Ese voto político fue un voto por la suspensión de las retenciones. O sea que acabaron votando totalmente lo contrario de lo que abogan. Penosa demostración del servilismo a la antipatria”¡¡¡Epaa!!!
Proyecto Sur se pronunció por retenciones móviles y segmentadas en beneficio de los medianos y pequeños productores; el problema es que el sector gubernamental se negó sistemáticamente a crear en su proyecto una Comisión que investigara ese desfalco cercano a los 1.700 millones de dólares, realizado por las transnacionales exportadoras gracias al tratamiento de la Resolución 125 y a la complicidad de funcionarios literalmente metidos en la mierda de una gestión corrupta. ¿Cómo pueden explicar Gerardo Fernández y otros críticos progresistas su silencio frente a la denuncia de Lozano sobre una de las mayores estafas cometidas contra el Estado en estos tiempos? Ante la negativa gubernamental, el diputado de Proyecto Sur presentó junto a otros diez legisladores un proyecto en minoría, fundamentado en esa denuncia y en el cual se promueve una Comisión Investigadora. Pero dada la dinámica parlamentaria, votar por el proyecto kirchnerista o abstenerse hubiera significado retirar su propio proyecto. ¿Será que estas exportadoras y fondos de inversión también pertenecen por carácter transitivo a las mayorías populares, en tanto apoyaban a la Resolución 125 que les permitió obtener esas ganancias adicionales, sumadas a los beneficios extraordinarios que de por sí se llevan? Vale remarcar que fue precisamente esa denuncia la que obligó al gobierno a encarar, después de la votación del Senado, la investigación del fraude. Mientras tanto, parecía más fácil acusar a Lozano de “servilismo a la antipatria”.
Sin ninguna duda, el compañero Jorge Rulli es una de las personas con mayor autoridad moral, intelectual y política en lo referido a la problemática de la soja -que viene investigando y denunciando desde hace más de una década con su Grupo de Reflexión Rural- y ni hablar de su trayectoria militante en la historia de lo Nacional y Popular en Argentina. Su opinión sobre algunos aspectos del conflicto del campo es contundente: “En este caso, me parece que habría que poner el acento en la inmensa felonía de cientos de intelectuales que encubrieron con discursos contra la oligarquía el despojo al país por parte de los aceiteros y exportadores. Las demandas de la ONCCA ponen al descubierto cuál era el problema y lo que estaba en juego”
Para que no se sospeche de nosotros que, como señala Fernández, “su verdadera estrategia no es otra que acumular desde un centroizquierda con folklore Nacional y Popular , para lo que se requiere primordialmente un fuerte esmerilamiento del oficialismo”, “el cineasta y la socióloga “ debiéramos haber promovido una consiga tipo: “Haga Patria, apoye las privatizaciones petroleras con los compañeros Repsol y British Petroleum a la cabeza; mire para otro lado cuando las compañeras aceiteras y exportadoras se hacen una changuita; defienda al compañero Techint y al tren bala; aplauda a las compañeras corporaciones que explotan la minería con cianuro y generosamente contaminan fuentes de agua y tierras; confíe en las estadísticas del INDEC de Moreno; porque ese es el único camino para incorporarse al campo Nacional y Popular contra la oligarquía”. Si no se promueven tales consignas o no se guarda un prudente silencio sobre estas acciones del gobierno, “el cineasta y la socióloga” reafirmarían -según el escrito de Fernández- su “servilismo a la antipatria”.
Pero hay más: “siguen errando el análisis y jugando objetivamente el papel que más le conviene a la derecha, transitando viejas sendas analíticas que a lo largo del último medio siglo vio al peronismo como el gran impostor y la causa de sus fracasos y por lo tanto abogó por su liquidación de modo tal de poder ocupar el espacio que el determinismo histórico LES tiene reservado.” La historia militante del “cineasta y la socióloga” con referencia al peronismo histórico está tan lejos de esta caracterización, como lejos está el kirchnerismo del peronismo histórico. Se comete un grueso error al identificar el proyecto de Perón y Evita con las sucesivas manifestaciones del pejotismo -entre otras el menemismo, el duhaldismo o el kirchnerismo- que son un espejo invertido de ese proyecto. Por lo demás, la adscripción a las tradiciones nacional-populares de Argentina y América Latina de Solanas y Argumedo no es una actitud derivada de modas actuales: baste repasar lo filmado o escrito respectivamente en los últimos cuarenta años. Así que dejemos de lado este tema.
Pero es grave afirmar que “Llambías necesita de Buzzi y Solanas para que corran por izquierda al gobierno y así atenuar el impacto de desestabilización que viene inequívocamente por derecha”. En realidad, vuelve a plantearse aquí una vez más la mecánica de imponer esas espurias polarizaciones reiteradamente utilizadas por el ex presidente -tipo conmigo o sinmigo- sumadas a la evocación de fantasmas para el pueblo argentino. Es notorio cómo el gobierno logró maniobrar a partir de esas polarizaciones espurias con la amenaza del golpe de derecha, junto al regreso de comandos civiles y grupos de tareas. Por supuesto que somos grandecitos como para saber que en el país existen rencores, odios e intereses económicos junto a sectores reaccionarios, dispuestos a desestabilizar los regímenes democráticos que no les son afines. Pero fue el error del gobierno con su drástica polarización y su obcecada decisión de mantener sin cambios la Resolución 125 el que brindó bases sociales a la Sociedad Rural, produciendo un distorsionado corte transversal de la sociedad donde las opciones no eran “Braden o Perón”, “liberación o dependencia” ni mucho menos “oligarquía o pueblo”. La metodología política que criticamos planteaba falsas opciones: se está con la Sociedad Rural o se está con los negociados de Bunge y otras exportadoras, sin mencionar los pools de siembra como Grobocopatel. Los negociados, la política petrolera o el permiso a las corporaciones mineras para llevarse oro, plata y otros minerales de alto valor a mera declaración jurada y sin ningún tipo de control estatal o retenciones no serían “una penosa demostración de servilismo a la antipatria”; por el contrario, la “penosa demostración de servilismo a la antipatria” es negarse a entrar en esas falsas disyuntivas o ser cómplices de los hechos de corrupción que siguen envenenando al país.
Con sólo unos días de perspectiva, se transparenta el peligroso juego planteado por el gobierno al extremar la estrategia de amigo-enemigo y una confrontación “sin lugar para los tibios,” que le fue restando consenso dentro de sus propias fuerzas. Se decía que Cristina Fernández había perdido en las ciudades grandes debido a la “gorilización” de las clases medias, pero ganó en los pueblos del interior donde estaban las clases populares; lo cual evidencia cómo su estrategia en el “conflicto del campo” le enajenó gran parte de esas simpatías. Porque fueron los pueblos del interior los que se movilizaron en las rutas -por nuestra parte, criticamos las acciones que llevaron al desabastecimiento- presionando a intendentes, diputados y gobernadores kirchneristas para oponerse al gobierno: de esta manera, la fábula de Pedro y el Lobo se transformó en la de Rached y Cobos. Fernández nos acusa de no hacer críticas “al campo” por sus metodologías de presión y la eventual acción de grupos de tareas, mencionados en su exasperación por el ex presidente: la madre de Rached habría sido víctima de esas presiones. Pero el diputado Rached declaró a Clarín el 21 de julio: “Yo estaba seguro de lo que iba a hacer, pero no lo dije antes porque elaboré una estrategia campesina...estoy convencido de que ahora tengo un millón de amigos más que antes”. Esto no impide que se condenen los hechos de violencia contra legisladores ocurridos, por ejemplo, en Tucumán; pero los grupos de tareas fueron experiencias demasiado aberrantes como para evocarlas con cierta irresponsabilidad.
Finalmente, además de otros temas menores, el escrito afirma que: “Cuando describen el palco de Kirchner.... es mala leche mentar a Scioli y soslayar a Martín Sabbatella, a los miles de argentinos que fueron por las suyas, al pobrerío, a los sindicatos y los miles de militantes que movilizaron, por ejemplo, los movimientos sociales que son, a la larga, los que están bancando este proceso. Ignorar esto es verdaderamente letal, en tanto delata una carga de necedad imperdonable. Porque cualquier profundización de este proceso seguramente dinamitará los puentes con ciertos sectores tradicionales del peronismo y el sindicalismo cegetista, pero cualquier agudización de contradicciones va a encontrar a los movimientos sociales en la primera línea de combate. Incluso hasta si imagináramos un hipotético ascenso de Solanas a puestos de gestión, se requeriría del consenso de estos mismos sectores sociales que hoy junto a Argumedo olvida citar en su diatriba contra ‘el palco del martes’”. Si la lógica del análisis no fuera extremar la opción amigo-enemigo, nos permitimos mantener nuestro respeto hacia Martín Sabbatella con quien quizás tengamos diferencias, pero seguramente no somos enemigos; saludamos a los miles de argentinos con quienes en esta oportunidad no estamos de acuerdo, pero tampoco son nuestros enemigos; preferimos no hablar de “pobrerío” para referirnos a nuestros compatriotas más golpeados, a quienes asimismo saludamos: “pobrerío” suena despectivamente, parece un término de señora bien “del campo”. Hemos trabajado en apoyo de movimientos sociales, respetando siempre “la dignidad de los nadies”: además de la reivindicación de empresas recuperadas y otras experiencias en las películas del “cineasta”, el mismísimo Luis D´ Elía puede dar fe de reuniones de piqueteros -y no solamente de intelectuales y artistas consagrados- en la Biblioteca Nacional, en cuya organización participó “la socióloga”.
En síntesis, una cosa es tener diferencias políticas con el gobierno y otra muy distinta convertirse en enemigo del campo popular. También debe distinguirse entre la derrota o el rechazo de un proyecto mal planteado en el Parlamento y un golpe de la derecha. Una faceta positiva de este conflicto fue que por primera vez en la era kirchnerista hubo un gran debate parlamentario, donde se vertieron las distintas ideas en las comisiones y se discutió en los medios de comunicación sobre el complejo tema agrario. Como afirmamos en el tan demonizado artículo: “Es necesario promover un profundo debate que eluda las falsas polarizaciones y sea capaz de encontrar los caminos para el diseño de un proyecto de país más justo y en condiciones de dar respuesta a los desafíos de una nueva época histórica”. El conflicto del campo es un ejemplo de las formas en que no debe abordarse ese debate. Dejemos de lado los ataques y respuestas injuriosos. Guardemos las energías para plantearnos discusiones con rigurosidad acerca de cómo construir un espacio político con múltiples miradas, alrededor de un proyecto de país capaz de liberarnos de las viejas y las nuevas oligarquías, de los grupos de poder económicos y financieros y de las corporaciones transnacionales que nos vienen saqueando desde hace décadas; con estrategias creativas de redistribución de la riqueza, sin corrupciones ni negocios privados con patrimonios públicos; sin crear falsas expectativas sobre partidos y cuadros políticos que exhiben trayectorias demasiado poco coherentes; reivindicando el valor de las conductas éticas y la recuperación de esa capacidad de acción colectiva, con un fuerte sentido solidario, que mostraron las mayorías populares como respuesta frente a la crisis. No volvamos a entramparnos en tramposas disyuntivas ni en crispaciones que nos impiden evaluar con claridad las sendas que puedan conducirnos hacia esa segunda emancipación de América Latina.
Buenos Aires, 26 de julio 2008
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