“Que el Gobernador no deslinde su responsabilidad sobre la seguridad”

El Gobernador de la Provincia hizo ayer declaraciones, publicadas por los medios, en las que deslindó en el Poder Judicial su responsabilidad sobre la seguridad de todos los ciudadanos.
Pretendió a raíz del caso de Guadalupe Di Falco, que nos entristece profundamente como sociedad, hacer una crítica al sistema judicial para evadir su responsabilidad sobre el funcionamiento de la justicia.
El Gobernador ahora sugiere que es necesario hacer una discusión académica para modificar la designación de los jueces o lograr una administración de justicia más inmediata, pero ha ignorado rotundamente las múltiples propuestas vinculadas a seguridad y justicia que ha formulado la oposición.
Nosotros, desde la Unión Cívica Radical, venimos desde hace tiempo realizando propuestas de reforma integral del sistema de justicia y en particular del sistema de justicia criminal de la provincia. Hemos propuesto la designación de los jueces por mérito, la despolitización de la justicia, la autonomía y el reforzamiento del poder de los fiscales para acusar y perseguir el delito, la implementación del juicio por jurados para que haya participación popular en el sistema judicial, la creación de juzgados adicionales a los existentes y nuevos juzgados de ejecución penal, correccionales y contravencionales, y de violencia familiar. También hemos propuesto el control ciudadano de las fuerzas de seguridad, la reforma del Códigos de procedimiento Criminal para lograr un proceso moderno, eficaz y breve, así como la creación de la Policía Judicial, como manda la Constitución Provincial.

A pesar de que estas propuestas fueron respaldadas por otros partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, y hasta por representantes del propio gobierno provincial y del partido gobernante, a través de las audiencias públicas sobre reforma institucional realizadas en el segundo semestre de 2008 (cuyo informe de más de 150 páginas está hace dos años en el despacho del Gobernador), el gobierno se ha negado a la implementación de siquiera una de estas propuestas que mejoraría el sistema de seguridad y justicia de nuestra provincia.
Para eso, por supuesto, es necesario también que se respete la independencia de la justicia y se provea a su autonomía presupuestaria, porque un Poder Judicial sin recursos no puede satisfacer todas las demandas ciudadanas.
Es hipócrita que tras años de desatención el gobierno quiera sugerir una nueva discusión, cuando lo que debe hacer es implementar las propuestas que ya han alcanzado consenso y actuar.


Alejandro Cacace
Presidente de la Juventud Radical