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8.1.13

CARTA ABIERTA A LA SRA. PRESIDENTE DE LA NACIÓN


Estimada
Sra. Presidente de la Nación Argentina
Dra. Cristina Fernández
De mi consideración,
Nunca menos:
He leído su carta al actor Ricardo Darín, y no puedo dejar de decirle que me ha sorprendido.
Sabe Ud. que hemos sido nosotros en alguna oportunidad los que promovimos denuncia o solicitudes de investigación en sede judicial sobre su patrimonio. Y sabe también Ud. que, al menos en mi caso personal no opino sobre los fallos judiciales.
Creo en la justicia, aunque como toda generalización no implica que crea en todos los jueces, fiscales, camaristas, etc.
Aún cuando los fallos no sean sujetos a nuestras denuncias, pruebas y razonamientos conforme a los delitos que promovemos investigación, deben ser acatados.
Por lo tanto, la situación patrimonial que hoy se le investiga esta en ese ámbito.
Quizá esa frase sola hubiese servido como respuesta al actor, que dudó, pero ese intercambio generado con él es opinable, pero me excede.
Pero Ud. se explayó sobre algunas cuestiones que como legislador de la Provincia de Buenos Aires no puedo no dejar de pensarlas, y de analizarlas y van mucho más allá del intercambio legitimo que Ud. le propone a Darín.
Me refiero al siguiente párrafo, que me permito transcribir textual:
“Mire Ricardo, sin ir más lejos hoy otro diario, La Nación, propietario de la revista Brando donde usted formuló las declaraciones que llamaron mi atención, publica en su página 16 un reportaje al Gobernador dela Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. No sólo me enteré de que mantiene sus ahorros en dólares (está en todo su derecho a hacerlo) sino que cuando el periodista le preguntó por el monto de sus divisas, se rehusó a contestar y declaró que el monto figura en su Declaración Jurada, que es pública. En un apartado de la nota los periodistas se muestran luego sorprendidos porque además, cuando pretendieron acceder a la información, no se les permitió hacerlo.”
Bien, aquí va mi primer sorpresa, en una primer lectura pensé que era muy bueno que Ud. sobresaltara la nota de La Nación y la imposibilidad periodística de acceder a datos que deberían de por si ser públicos, ¿pero es así?, ¿es eso lo que la anima?.
Si así fuera déjeme decirle que el régimen de presentación de declaraciones juradas de funcionarios públicos en Buenos Aires es un Decreto de la dictadura militar.
El Decreto Ley 9.624 publicado en el Boletín Oficial de fecha 11 de noviembre de 1980, vigente a la fecha. Ello había surgido a través de lo actuado en el Expediente número 2.200-1.088.980 y de las disposiciones de facto Decreto 877/80, como así por el ejercicio de las facultades legislativas conferidas por la JUNTA MILITAR, que dirigía los destinos del país, el entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires General Ibérico SAINT JEAN, derogando en su artículo 8º la Ley 5.874, los Decretos 8.367/58; 11.794/64; 4.26l/69 y a toda otra disposición que se opusiera a ella, bajo la premisa de limitar la obligatoriedad de tal presentación a determinados funcionarios.
Ya sé, Ud. podrá decir por qué me dice esto, si debería ser yo y mis colegas legisladores provinciales quienes adecuemos las normas para que el periodismo e inclusive el propio Darín o cualquier ciudadano pueda cumplir con lo que propone, ni más ni menos que acceder a la información patrimonial del Gobernador o funcionario cualquiera.
Lo hicimos, convencidos que no es posible a esta altura de la vida política del país y de esta provincia en particular,que perduren normas jurídicas de facto, y que los adelantos tecnológicos en el campo de la informática, que han operado en beneficio de la Administración Pública haciéndola cada vez más ágil y efectiva, invalidan el fundamento argüido para la derogación de la norma legal primigenia, referente a la engorrosa actividad administrativa necesaria, sólo modificadas en la democracia por normas menores y en sus aspectos formales.
En el año 2007, marzo precisamente, pesenté mi primer proyecto al respecto. Hace 6 años. Quizá de haberse aprobado hoy otro párrafo de su carta no hubiera sido pertinente, cuando menciona que: Nadie parece preocuparse por ninguna otra Declaración Jurada que no sea la de “Los Kirchner” (sic).”…¿Es extraño verdad?”
Por eso cuando Ud. agrega “Sería bueno, sano y transparente para el sistema democrático si todas las Declaraciones Juradas de gobernadores, intendentes, jueces, magistrados, ministros de la corte, estuvieran a disposición de toda la sociedad, publicadas, analizadas y publicitadas como siempre lo son las de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.”, yo le propongo:
NUNCA MENOS; instruya a los legisladores provinciales de su partido para darle tratamiento en Buenos Aires a algunos de los expedientes que nos permitiría dar plena vigencia a la publicidad de los actos de gobierno y de las acciones de los funcionarios.
Así la polémica habrá tenido otro sentido que su apasionada respuesta, y la imputación que Ud. le formula al Gobernador en consonancia con el periodismo tendrá un correlato provechoso.
¿Por qué sino sabe lo que sucedería? Rápidamente esta polémica terminará y podría ser parte de otro Cuento Chino.
Respetuosamente Walter Martello; Diputado y presidente de la Coalición Cívica-ARI de la Provincia de Buenos Aires.

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