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28.12.16

Análisis del primer año de gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

El periodo 2015-2016 de la gestión actual de la administración provincial retomó las viejas prácticas políticas de siempre: superpoderes presupuestarios, intendentes digitados por el Gobernador, una salud en crisis, y un recorte significativo en el área de Viviendas.


El regreso de Alberto Rodríguez Saá a Terrazas del Portezuelo dejó en evidencia las prioridades para quienes gobiernan San Luis desde 1983. A fines de 2015, el Ejecutivo impulsó una apertura al diálogo que duró un mes, en esas instancias fue aprobado un presupuesto que reducía la movilidad de partidas presupuestarias al 25%, además de la incorporación de un plan de obras públicas de la bancada Cambiemos. El objetivo era importante, dar prioridad a obras demandadas como asfalto para caminos, refacciones en materia de salud y compromiso para trabajar sobre la problemática de la Cuenca del Morro y eliminar significativamente esa facultad ilegítima del titular del Ejecutivo para “dibujar” el presupuesto anual sobre la marcha.

La adhesión del Frente Para La Victoria al Gobierno Provincial, inicialmente circunstancial pero definitiva en todo el año 2016, le dió a Rodríguez Saá la mayoría necesaria en Diputados para hacer caso omiso a cualquier pedido.



Juan Manuel Rigau
Alejandro Cacace



La Pedrera:

Más de 2000 millones de pesos fueron volcados a un nuevo deseo del Gobernador. Apelando a su demagogia, anunció la salida de un déficit de 700 millones de pesos de la anterior administración con una obra enorme que incluye un parque recreativo, un estadio de fútbol, un autódromo y un hospital para ancianos. Anunció 2000 puestos de trabajo, la lentitud de la edificación, las dificultades del terreno por falta de previsión y el atraso de pago a los trabajadores son las muestras de un nuevo capricho de Rodríguez Saá financiado por las arcas públicas. Para legitimarlo ante los villamercedinos, el Gobernador orquestó una consulta donde se podía votar indefinidamente y lo podían hacer hasta los alumnos de jardines de infantes.

Las cifras para tal fin eran astronómicas y las licitaciones fueron destinadas a los socios de siempre: las constructores Rovella Carranza, Alquimac y Green investigadas por negociados con la administración kirchnerista por la Justicia Federal y por tener sociedades offshore actualmente activas en Panamá.

La salud en crisis:




En el inicio de sesiones ordinarias del 2016, el mandatario provincial reconoció que la salud en San Luis estaba en crisis, pero no anunció medidas ni tampoco inversiones significativa. Las consecuencias se agravaron: deserción del personal en nosocomios provinciales y un estado de abandono muy notorio de la atención pública de la salud. Hubo 3 ministros en la cartera y no pudo resolverse la falta de infraestructura, insumos, recursos humanos y especialistas. Cambiemos propuso abordar de manera integral involucrando a la Legislatura en iniciativas como que haya médicos las 24 horas en todas las localidades de San Luis, proyecto que fue desestimado por el oficialismo.


Emergencia en Seguridad:

El Gobierno apeló a una vieja fórmula para mostrar su interés en la lucha contra la inseguridad otorgando facultades al titular del Ejecutivo. Con apoyo del kirchnerismo, fue sancionada una Ley de Emergencia en Seguridad, violatoria a la Constitución Provincial y leyes vigentes. Lo aprobado poco tenía que ver con las falencias estructurales de la seguridad en la Provincia. Con la normativa el Gobernador podía despedir libremente a cualquier efectivo de la fuerza de seguridad, sin cumplir sumarios o directrices propias del esquema policial y por otro lado que pudiesen ser realizadas contrataciones directas  sin respetar procedimiento alguno.

Por otro lado el Gobernador podía digitar los ascensos y beneficios para sus allegados. Esta situación pudo notarse cuando 3 de sus custodios fueron ascendidos por un decreto firmado por él, a los rangos de Comisario y Comisario Mayor sin respetar las reglamentaciones preexistentes.  Cambiemos insistió por todas las vías posibles en explicarle al Ejecutivo que la seguridad debe ser pensada como una verdadera política de estado, donde haya una inversión en cada una de sus áreas.




El recorte presupuestario a las viviendas:



Hubo una disminución muy significativa en los fondos destinados a la construcción de viviendas si comparamos la administración provincial actual y la anterior.

En 2015, el Gobierno Provincial invirtió unos 2.294 millones de pesos para la construcción de nuevos hogares, cifra muy por encima de los 1500 millones de este año 2016. Del dinero presupuestado a viviendas 446 millones de pesos provienen del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); 40,3 millones pertenecen al Convenio Nación-Provincia para Viviendas, 102 millones de recupero de cuotas y rentas generales 184,6 millones. En conclusión la reducción de fondos provinciales para edificar nuevas viviendas es todavía más notoria, si tenemos en cuenta que un tercio de lo presupuestado, corresponde a fondos nacionales.

Como es de público conocimiento, este año hubo casi un 50% de reducción presupuestaria en comparación al año 2015 en construcción de viviendas. Para 2017, el Ejecutivo presentó una propuesta donde el 86,33 % de los recursos para edificar nuevos hogares proviene del Fondo Nacional de Viviendas y el resto, 53 millones de pesos, es de recupero de cuotas a otras obras”.

Actualmente el Gobierno provincial insiste en una fuerte política de desadjudicación, quitándole sus hogares a beneficiarios por no ser nativos de San Luis, o tener algún miembro de la familia que no sea oriundo de San Luis. La insólita situación es fruto de la xenofobia y la búsqueda del enemigo externo, responsable de la situación social en la provincia que hoy promueve Rodríguez Saá.


Un Senado monocolor:

La Cámara Alta de la Provincia continúa postergando la sanción definitiva de Ley de Boleto Estudiantil Gratuito, el Cumplimiento Efectivo del Cupo Femenino y la creación de Concejos Deliberantes en Potrero de Los Funes, Carpintería, El Trapiche y El Volcán.
El Gobierno Provincial y sus legisladores aún no materializan el compromiso de aprobación de estos proyectos que asumieron públicamente en Diputados.
El 10 de Agosto obtuvo media sanción en Diputados el Boleto Estudiantil Gratuito Interurbano y el 11 de Mayo tuvo luz verde de la Cámara Baja la creación de Concejos Deliberantes en 4 localidades sanluiseñas que superan los 1500 habitantes como exige la Constitución Provincial. Ambos proyectos, tras algunas sesiones en Senadores, no fueron tratados y su destino se desconoce.
El Senado aún debe avanzar en la sanción de estas leyes que el propio  oficialismo y todas las expresiones políticas acordaron aprobar.
Del mismo modo, obtuvo su media sanción el Cumplimiento Efectivo del Cupo Femenino, destinado a todos los partidos políticos y tendiente a la igualdad de género en la Cámara Baja y desde su envío a Senadores, no hay novedades.
Todas las manos y todas las voces de Compromiso Federal, sus aliado el Frente Para La Victoria y Mercedinos por el Cambio y la oposición en Cambiemos, coincidieron con aprobar ambos proyectos y ser girados a Senadores para su sanción definitiva.

Entre los plazos que ambas leyes sostenían, en 2017 quería implementarse una prueba piloto del Boleto Estudiantil Gratuito para todos los niveles educativos de las instituciones públicas. En el caso de la creación de los Concejos Deliberantes la iniciativa tiene prevista la creación del Concejo de Potrero de Los Funes en 2017 y para el Volcán, El Trapiche y Carpintería en 2019.


El Registro del Empleo Puntano:

Compromiso Federal y el Frente Para la Victoria apoyaron la iniciativa de persecución a trabajadores que no tienen 5 años de residencia en San Luis, impulsada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Cambiemos dejó en claro que se trata de un proyecto discriminatorio entre argentinos que son iguales ante la Constitución. Cambiemos denunció ante el INADI y comunicó a los organismos federales la persecución fruto de esta Ley.

CF Y FpV, dos bloques adeptos a las políticas de la puntanidad del Ejecutivo que hoy consisten en una persecución política y laboral de residentes no nativos de la provincia cerraron filas bajo la iniciativa de crear el Registro del Empleo Puntano, que cobrará un impuesto del 10% del sueldo bruto a las empresas que contraten a compatriotas que no tengan 5 años de residencia en San Luis.

El oficialismo vulnera las conquistas más importantes en materia de derechos laborales en nuestro país,  impulsando un impuesto al trabajo discriminatorio.  Rodríguez Saá promueve esta iniciativa porque no quiere hacerse cargo de la situación laboral en San Luis, la de un pleno empleo que no existe, cuando la caída del empleo en San Luis es 6 veces mayor a la estadística nacional.


Una deuda con la institucionalidad.

Las intervenciones ilegales son una lamentable figura repetida en el Ejecutivo, sólo en 10 meses, hubo 3 intervenciones a dedo, primero Nogolí, luego Renca y finalmente Potrero de Los Funes, donde no hay garantías democráticas en el manejo de la intendencia.

En el caso de Potrero, fue el propio Gobierno que confirmó que la Constitución Provincial no fue cumplida y que no está siendo respetada la voluntad popular en la localidad. Recordemos que meses atrás el jefe comunal, Daniel Orlando, pidió licencia a su cargo como intendente comisionado para asumir funciones como Ministro de Turismo en el Gabinete Provincial, y su suplente también presentó su indeclinable renuncia, quedando Potrero de Los Funes en estado de acefalía. El Gobernador designó a dedo un interventor como hizo en Renca y Nogolí, pero ahora con los nuevos ajustes en su gabinete, Orlando volvió a la localidad como jefe comunal como si la intendencia tuviese puertas giratorias.

Por otro lado, fue lamentable que San Luis no adhiriera al Acta Acuerdo Por El Bicentenario, firmado en Tucumán al conmemorarse 200 años de nuestra Independencia.

Vemos con mucha tristeza que el Gobernador Alberto Rodríguez Saá no haya participado de los festejos y la firma del Acta Compromiso suscripta por el resto de las provincias argentinas. Ellos eligieron no participar de los festejos por nuestra emancipación y de una cumbre del federalismo por una mejor Argentina.

El camino del diálogo impulsado por las autoridades nacionales y los mandatarios provinciales es compartido por todos los argentinos,  que más allá de las diferencias políticas, entendemos que un país mejor, sólo es posible si todos trabajamos juntos.


Deuda y discriminación nacional.

Rodríguez Saá, y sus legisladores solicitaron varias veces en el año que el Gobierno Nacional le dé 13 mil millones de pesos por retroactivos de coparticipación federal retenida. Cambiemos señaló que los montos no fueron determinados aún por la Corte Suprema de Justicia que debe expresarse al respecto.

Sin embargo, el texto definitivo de la Ley de Presupuesto Nacional 2017 incluye el pago a San Luis de los fondos establecidos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la coparticipación retenida. Como ha sido el compromiso desde la asunción de la administración de Cambiemos, el Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri dispondrá los fondos presupuestarios necesarios para devolver los millones de pesos retenidos a las provincias en materia de coparticipación federal.

Hay dos puntos muy claros, la primera es que la coparticipación llegue en su totalidad y eso el Presidente Macri lo cumple desde el primer día de su gestión. El segundo punto es el pago de un retroactivo, que su monto aún está por ser determinado en la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno Provincial exige de liquidación 13 mil millones de pesos pero la Corte Suprema aún no ha determinado el monto que se debe pagar.

Lejos de discriminar a la provincia, como insiste desde su discurso y medios de prensa el gobierno de San Luis, los sanluiseños son una prioridad para el Gobierno Federal que viene dando respuesta a un reclamo histórico desoído en 12 años de kirchnerismo.

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