Juntos por el Cambio recibe con preocupación el cambio del Protocolo de Ciberpatrullaje

Un protocolo derogado, pensado para buscar en fuentes públicas delitos complejos, como narcotrafico, trata de personas, venta de armas y otros, se ha convertido en un instrumento de vigilancia de la cuarentena y el “humor social” basándose, en los vistos y considerandos, del DNU de emergencia sanitaria. Sancionado el 31 de Mayo del corriente, la Resolución 144/2020 firmada por la Ministra de Seguridad Sabina Federic, aprueba el “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con uso de Fuentes Digitales Abiertas”, como respuesta a la objeción que nuestros diputados plantearan el 8 de abril en la reunión de la comisión de seguridad. En dicha oportunidad la funcionaria expuso sobre la tarea de las fuerzas policiales asegurando “las fuerzas de seguridad monitorean las redes sociales para ver el humor social”. Ante el rechazo de nuestros legisladores y autoridades de Juntos por el Cambio, la ministra propuso elaborar un protocolo de ciber vigilancia integrando a todos los sectores de la sociedad civil. Como primer punto, Juntos por el Cambio lamenta no haber sido convocado a la mesa de discusión y la parcialidad en la convocatoria a distintas organizaciones. Tampoco fue convocada ninguna instancia del poder judicial a la mesa de Ongs, perdiéndose la oportunidad de elaborar un protocolo con altos consensos democráticos. Es también importante señalar que las mismas organizaciones convocadas, como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), han planteado públicamente sus objeciones y pedidos de derogación parcial del protocolo, lo que demuestra el poco consenso ciudadano sobre una medida de seguridad y vigilancia sobre las redes sociales y la opinión popular en ellas expresada. Como parte de la discusión planteada sostenemos que derogar una norma anterior, sancionada por la gestión de Cambiemos, que hacía hincapié en el combate al narcotráfico y el crimen organizado y restringía la vigilancia digital solo a los crímenes de alta peligrosidad para sancionar un protocolo con eje en la vigilancia de la pandemia y el comportamiento de los ciudadanos durante el ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio), hace perder el importante avance en la lucha contra el narcotráfico y las mafias que se había logrado con resultados notables, verificados con indicadores precisos y estadísticas comprobadas durante los últimos 4 años. Juntos por el Cambio desea alertar sobre lo dispuesto por el nuevo protocolo, en especial sobre el final del artículo 3 del anexo de la citada norma, que establece vigilancia vinculada “al desarrollo de indicios relativos a los delitos que hace referencia el DECNU2020-260-APNPTE del 12 de marzo y sus modificatorias previstos en los art. 205, 239 y concordantes del Código Penal” Se vigilarán especialmente en las redes sociales, las expresiones, opiniones o eventuales acciones sobre la pandemia y los comportamientos sociales en cuanto al cumplimiento de la cuarentena dispuesta por el poder ejecutivo. Situación que excede el marco de las garantías constitucionales en cuanto los ciudadanos son libres de expresar por la vía y medio que deseen sus pensamientos y opiniones. Al establecer que “se considerarán presuntamente delictivas aquellas conductas a cuyo respecto pueda evaluarse que están dirigidas a incitar o producir una inminente acción delictiva” se dejaría a la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad la facultad de intervenir o denunciar a todo aquel que exprese cualquier crítica u opinión respecto de las medidas dispuestas para contener la Pandemia de Covid-19. Juntos por el Cambio rechaza toda posibilidad de consagrar un Ciberpatrullaje del Pensamiento. Nuestras leyes penales, y todo el ordenamiento constitucional vigente establece que ningún ciudadano puede ser observado por sus ideas y restringe a la comisión de delitos configurados dentro del código penal la actuación de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos de opinar y peticionar ante las autoridades no debe ser cuestionado ni restringido. El accionar de las fuerzas debe ser determinado por acción judicial según el 183 del Código Procesal Penal de la Nación. Al no quedar lo suficientemente reglamentado el accionar policial en el nuevo protocolo, ya que faculta a cada fuerza a modificar en reglamentaciones específicas posteriores podría entenderse que en cumplimiento de su tarea para “impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores” daría la posibilidad a las mismas de intervenir preventivamente sobre las opiniones de un delito que tal vez, no llegara nunca a configurarse. El protocolo por lo tanto excede la participación de las fuerzas federales en la necesaria prevención de delitos complejos y graves para avanzar sobre la opinión, expresiones o conductas sociales sobre la circunstancia de extrema excepcionalidad que plantea la Pandemia. Desde 1983 las fuerzas que integramos Juntos por el Cambio sostenemos el respeto de los derechos humanos como elemento principal de la lucha contra el delito. Lamentamos que a través de un protocolo destinado a prevenir el crimen, se avance en acciones riesgosas y discriminatorias contra la población, que ante la amplitud de esta norma, podría autocensurarse por el temor de ser ciberpatrullado a la hora de opinar sobre cuestiones de la vida cotidiana, temores, angustia, o preocupación sobre su economía en el devenir de los casi 80 días de aislamiento. Por lo tanto instamos al gobierno nacional a integrar nuestra mirada en el seguimiento del accionar de las fuerzas de seguridad y sumar a otros actores importantes como la justicia o las fuerzas de oposición a la mesa de coordinación creada por el Protocolo de ciberpatrullaje a fin de proteger las libertades ciudadanas a la vez que trabajamos por la superación de la emergencia sanitaria y la preservación de la vida de todos los argentinos Firmantes:  Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro, por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, con el apoyo técnico de Silvana Giudici y Karina Banfi.