Nos oponemos al aumento de miembros de la Corte Suprema, debe ser una institución estable en el tiempo

Los países serios tienen algunos acuerdos básicos inquebrantables, entre ellos su diseño institucional el cual debe sostenerse en un marco de estabilidad y perdurable en el tiempo. La estabilidad del máximo tribunal es un valor en sí mismo, que resguarda la independencia del Poder Judicial, la seguridad jurídica y en definitiva la calidad democrática y de las instituciones de nuestra República.
La composición actual de la Corte, de cinco miembros, es el número que más se ha mantenido a lo largo de nuestra historia y fue votado casi por unanimidad por última vez en el año 2006.
Cuando Juntos por el Cambio llegó al gobierno nacional no se propuso cambiar lo que heredamos con la composición de la Corte porque siempre entendimos y defendimos el valor del sistema ideado por nuestra Constitución Nacional, la estabilidad de los magistrados y el recambio de sus miembros a lo largo de un tiempo prolongado y alejado de todo recambio político.  
El contexto en el que se presenta la posibilidad de una reforma judicial y particularmente de una ampliación de la Corte Suprema, que va a recomendar la comisión que asesore al Presidente de la Nación, no son una prioridad para la ciudadanía preocupada por angustias y carencias evidentes en materia económica, social y de seguridad.
La comisión de expertos, que no integramos y no tenemos pretensión alguna de integrar, tiene una mayoría de integrantes con opinión formada, que es la de sugerir una ampliación de los miembros de la Corte Suprema y un funcionamiento del máximo Tribunal en salas. El objetivo es claro: crear una instancia más en el sistema de justicia penal federal, para seguir prolongando causas, para dictar nulidades, sobreseimientos, o cualquier otra resolución judicial que garanticen impunidad. Algunos de los expertos convocados tienen claro cómo diseñar la nueva composición, funcionamiento y los futuros procedimientos ante la Corte que garanticen ese objetivo.
En ese sentido, y sin dejar de lado el contexto institucional actual por todos conocido, oponernos a la ampliación de la Corte Suprema también implica, obviamente, oponernos a la invitación a proponer candidatos y a facilitar los dos tercios de los votos en el Senado de la Nación para su eventual integración.