Joaquín Morales Solá
Dos causas judiciales en marcha.
Una ministra que se autodenunció ante la Justicia. Un embrión de escándalo por un proyecto de ley que lleva la firma de la conducción máxima del Estado. Un pago millonario escondido en un extraño rubro llamado “pago a proveedores”. Un expediente secreto. Dos altos funcionarios (la ministra de Economía, Felisa Miceli, y el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini), en la mira de la oposición. Esos son los componentes de lo que ya se bautizó como el Grecogate, en alusión al Grupo Greco, beneficiario de un millonario pago abortado por el Senado. Se trata, a la vez, del primer caso en que altos funcionarios del Gobierno quedaron a la defensiva en una denuncia por presuntos hechos de dudosa moralidad. El primero, por lo menos, en el que hay un proyecto de ley, un expediente y firmas importantes en el asunto. El Grupo Greco fue intervenido por el régimen militar en el año 80, pero la ONG Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad lo acusa de haber vaciado el Banco Los Andes, que perjudicó en su momento a muchos ahorristas. Además, la Oficina de Crédito Público le comunicó a la subsecretaria legal del Ministerio de Economía que antes de analizar cualquier pago al Grupo Greco debía reclamársele la suma de 164 millones de pesos que éste le debe al Estado. Esta advertencia no fue tenida en cuenta antes de que se enviara el proyecto de ley al Congreso. Ese proyecto ingresó el año pasado en el Congreso y autorizaba al Gobierno a emitir 1300 millones de pesos en bonos de consolidación de deuda. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados sin que ningún bloque intentara desglosar lo que contenía. Dos senadores (el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, y el titular del bloque radical, Ernesto Sanz) advirtieron que algo raro estaba sucediendo con esa decisión del Poder Ejecutivo. El proyecto aclaraba algunos pagos, pero creaba un bloque de 710 millones de pesos bajo el rubro general de "pago a proveedores". Luego se supo que 587 millones de pesos, de aquellos 710, estaban destinados a pagarle una supuesta indemnización al Grupo Greco. Como es necesario en tales casos, el proyecto llevaba la firma del presidente Néstor Kirchner; del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y de la ministra Miceli. En rigor, el Grupo Greco comenzó en la década del 90 pidiendo una indemnización de 500 millones de dólares; la desidia del Estado (u otros defectos más inmorales) fue creando los precedentes para que esa empresa reclamara tales pagos. Una tasación hecha luego por el Tribunal de Tasación de la Nación y por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (el mendocino Grupo Greco tenía propiedades en la industria del vino) alcanzó sólo a 300 millones de pesos. El monto era inferior, entonces, al que reclamaba el grupo empresario y al que el gobierno de Kirchner se proponía pagarle. En varias instancias debió intervenir el procurador general de la Nación, Osvaldo Guglielmino, un hombre cercano al influyente secretario Zannini. Todas las decisiones que firma el Presidente deben pasar antes por la aprobación de Zannini, cuya oficina, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, es el último filtro antes de la rúbrica presidencial. El informe final de Guglielmino es una opinión híbrida de dos carillas, que no dice nada. Sin embargo, fuentes seguras señalaron que antes hubo otro informe más largo que respaldaba el pago al Grupo Greco y que existen varias fotocopias de ese primer dictamen del procurador, que estarían en manos de la oposición. También debieron intervenir las oficinas de Presupuesto, de Finanzas y la Secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, pero ninguna de ellas formuló observaciones al proyecto. Se sabe, sí, que el expediente estuvo en manos de la secretaria legal y administrativa del ministerio, Estela Palomeque, entre el 4 y el 22 de mayo de 2001, pero no puso ningún reparo al pago. Hay constancias informáticas del propio ministerio y un acta notarial labrada por los abogados del Grupo Greco, de esa participación de Palomeque, una funcionaria muy cercana a la ministra Miceli. Por el contrario, Palomeque remitió luego el expediente a la Oficina de Consolidación de Deuda para que se dispusiera el pago al Grupo Greco. El expediente del pago, que ya había atravesado el filtro de Palomeque, se inició, así, el 26 de mayo de 2006. El caso se convirtió en más confuso aún cuando se contrastaron los informes enviados al Senado por dos altos funcionarios del Ministerio de Economía. En un correo electrónico que el subsecretario de Deuda Pública, Jorge Amado, mandó al senador peronista Jorge Capitanich el 11 de diciembre del año último aquél le informaba que, en efecto, el pago al Grupo Greco formaba parte del "rubro a proveedores" y que era una de las razones de la emisión de bonos para la consolidación de la deuda pública. Le envió también un muy largo listado de beneficiarios, entre los que hay algunos que sólo percibirían 1200 pesos. Mezclados con ellos, aparece cada uno de los integrantes de la familia Greco y el monto que percibiría cada uno. No obstante, hace poco, el 5 del actual, otra funcionaria de Economía, Valeria Pomodoro, directora general de Asuntos Jurídicos, envió una nota al Senado en la que aseguraba que en el expediente no se preveía el pago al Grupo Greco. "En dicha actuación -subraya- no se consigna pago alguno al denominado Grupo Greco." A fines del año pasado, el bloque oficialista del Senado intentó la aprobación con trámite rápido del proyecto de ley, que ya tenía la aprobación de la Cámara de Diputados. Pero ese día el kirchnerismo no consiguió los dos tercios necesarios para tratar el asunto sobre tablas y aprobarlo. El radical Morales aprovechó, en cambio, para denunciar una maniobra de dudosa transparencia y por primera vez comenzó a hablarse del Grupo Greco. La repercusión llegó en el acto al Ministerio de Economía. Miceli comenzó entonces una intensa gestión ("sobreactuación", le llamó el senador Sanz) para desvincularse del caso: ordenó la realización de un sumario y frenó el trámite de aprobación del proyecto. Por esa época, dijeron fuentes seguras, hubo una tensa y dura reunión entre el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y la ministra Miceli. Sin embargo, el expediente del Grupo Greco sigue teniendo carácter reservado, y ni siquiera los senadores de la oposición han podido acceder a él de manera integral. El caso abrió dos causas judiciales. Una la inició ante el juez Sergio Torres la propia Miceli, en la que pidió ser investigada y denunció a tres abogados de su cartera. A esa denuncia se sumó luego, como parte querellante, la Oficina Anticorrupción. Otra causa la abrió el abogado Ricardo Monner Sanz, el mismo letrado que ya llevó a Carlos Menem a la cárcel. La presentó ante el juez Ariel Lijo y pidió que se investigara a Miceli y a Guglielmino. El martes, el presidente del bloque de senadores radicales, Sanz, declaró en la causa en manos del juez Torres. Dicen que cuando le expusieron a Torres los informes contradictores de los dos funcionarios del Ministerio de Economía, el juez se agarró la cabeza con un gesto dramático. El senador Capitanich señaló luego que el pago al Grupo Greco había sido ordenado por un juez. Muchas preguntas quedan, a estas alturas, sin respuestas. Si fuera como asevera Capitanich, ¿por qué no se aclaró de entrada que el Gobierno estaba cumpliendo una orden judicial? Si, en cambio, el propósito de pagarles a los Greco nunca estuvo en el ánimo del Gobierno, como aseguró la funcionaria Pomodoro, ¿para quién estaban destinados entonces esos 587 millones de pesos, casi 200 millones de dólares, previstos en "pago a proveedores"? Si, por el contrario, el pago al Grupo Greco siempre estuvo en la intención del Gobierno, como lo afirmó el funcionario Amado, ¿por qué se escondió semejante suma de dinero en un rubro tan general como "pago a proveedores"? En última instancia, ¿proveedores de qué cosa eran -o son- los Greco? Por Joaquín Morales Solá Para LA NACION Link permanente: http://www.lanacion.com.ar/891462
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