Informe: Sal "Dos Anclas" - Gobierno de San Luis: Historia de un conflicto.-

denominada Constructora San Luis SAPEM, se presenta ante la Dirección Provincial de Minería de la Provincia de San Luis y denuncia haber descubierto las minas de sal sitas en Salinas del Bebedero y que componen el yacimiento – Grupo Minero Dos Anclas, solicitando la concesión de las mismas. Para ello esta empresa desconoce la ubicación de las minas de sal del Grupo Dos Anclas, pretendiendo situarlas 5 Km. al oeste de donde siempre e históricamente estuvieron, es decir fuera de las Salinas del Bebedero, en terrenos donde no hay minas sino terrenos privados (cuando las minas de sal concedidas a CIBA lo son sobre terrenos públicos).

Tan disparatada idea, 90 años después que se comenzara a explotar el yacimiento por la empresa, se funda en un error material cometido en la mensura del año 1967 al indicar las coordenadas correspondientes a los mojones esquineros del yacimiento, ya que el ingeniero a cargo de la misma las midió incorrectamente en función del precario sistema de medición de la época (a través de las estrellas).
La Dirección Provincial de Minería avala esta petición ilegal, considerando vacantes a las minas, registrándolas en favor de Constructora San Luis SAPEM como vacantes y dando inicio al procedimiento de concesión de las mismas en su favor.

CIBA, avalada por la firma del mayor conocedor y especialista en minería del país, el Dr. Edmundo Catalano, formuló entonces la Oposición Legal que el Código de Minería autoriza respecto de la petición de Constructora San Luis SAPEM, planteando la superposición existente y la afectación de sus derechos de propiedad sobre las minas.

Con dicha Oposición la empresa acompañó, entre otras pruebas, y más allá de la clara evidencia de que las minas de sal sitas en Salinas del Bebedero han sido siempre objeto de explotación por la misma desde 1917 con la autorización e intervención directa de la Provincia, dos dictámenes de agrimensores informando respecto de la superposición existente, así como los títulos de adquisición individual de las minas de 1941 y los resultados de la medición oficial del yacimiento realizados a instancias del Proyecto PASMA (con intervención de la Provincia) en 1998, de cuyas mensuras surgía con claridad la ubicación de las minas del Grupo Dos Anclas en la Salinas del Bebedero y no donde insólitamente las pretende ubicar Constructora San Luis SAPEM.

Todas estas claras y contundentes pruebas y evidencias, que en una situación normal hubieran significado una rápida solución del conflicto, fueron absolutamente ignoradas por la Dirección Provincial de Minería (ante la que se tramita la Oposición), la que llevó adelante el procedimiento en forma absolutamente ilegal, arbitraria y con manifiesta intencionalidad de defender los intereses de la empresa estatal Constructora San Luis SAPEM. En tal sentido no se permitió la producción de ninguna de las pruebas ofrecidas por CIBA, ni se respetaron los tiempos y las formas del proceso, siendo rechazados todos y cada uno de los recursos y oposiciones presentadas por la misma, para finalmente dictar una resolución en tiempo record a favor de la empresa estatal.

Durante el curso del procedimiento fue designada como Interventora de la Dirección Provincial de Minería la abogada que antes de dicha designación actuaba como letrada apoderada de Constructora San Luis SAPEM. Es decir que es juez y parte. Pese a que CIBA se opuso a dicha actuación sobre la base de las normas legales que así lo prohíben, la funcionaria continúa actuando pese a dicha incompatibilidad legal.
Dado que pese a encontrarse en trámite el litigio sobre las minas, el trámite de concesión a favor de la empresa estatal continuó avanzando, CIBA interpuso un recurso de amparo que le garantizase mínimamente que no se avanzara respecto de dicha concesión sobre sus minas mientras el litigio sobre las mismas estuviera abierto. La causa fue absolutamente maniatada por la Fiscalía de Estado Provincial, y el Juez que intervenía en el proceso, tras largos meses, rechazó el amparo.

Finalmente CIBA obtuvo por parte de una Cámara de Apelaciones una medida cautelar que frenó temporariamente el avance de la concesión mientras se desarrollaba el litigio.
Sin embargo, dicha cautelar no hizo más que “irritar” más a la Provincia, que profundizó a partir de allí su ataque a la empresa, y en el transcurso de un mes:

i) Consiguió remover de la causa a los jueces que integraban la Cámara que dictó la medida cautelar a favor de CIBA,

ii) Sin motivo alguno dio por caída a la empresa la Promoción Industrial de la que gozaba sin inconvenientes desde el año 1988,

iii) Sin motivo alguno canceló la exención del pago de Ingresos Brutos de la que gozaba la empresa desde 1994,

iv) Suspendió totalmente la actividad de la empresa en las Salinas del Bebedero, a través del dictado de una resolución de la Dirección Provincial de Minería que sin fundamento alguno le prohibió la extracción y el despacho de sal en su yacimiento en el lugar, paralizando con ello prácticamente la totalidad de la actividad de CIBA que depende de la explotación de tales minas,

v) Desconociendo el procedimiento de emisión de guías mineras que viene utilizando la empresa desde hace 20 años con autorización de la Dirección Provincial de Minería, se inventó una falsa adulteración de guías mineras, promoviéndose una denuncia penal en su contra y allanando en forma absolutamente violenta e intimidatoria sus oficinas, en horas de la madrugada de un día sábado, con la intervención de inusitada cantidad de personal policial y parapolicial encapuchado.

vi) Pese a los reiterados y urgentes pedidos de medidas cautelares formulados ante la Justicia Provincial para que deje sin efecto la prohibición impuesta sobre la actividad de la empresa, los mismos han sido ignorados totalmente.

Al día de hoy nos encontramos entonces frente a un desconocimiento total de nuestro derecho de propiedad, sumado a una indefensión absoluta ante la denegatoria total de Justicia que nos han impuesto en la Provincia, en el marco de una avalancha absoluta de falsas imputaciones y cargos contra la empresa, y lo más grave, ante la desesperante situación de tener CIBA su actividad totalmente parada por una arbitraria decisión gubernamental, con los evidentes y cuantiosos perjuicios que ello acarrea.
informe realizado por la compañía
Enviado por Jorge Daffra