DOS EX JUEZAS DE SAN LUIS SE PRESENTARON EN LA CIDH

Un caso de avasallamiento
Ana María Careaga y Adriana Gallo, dos ex juezas desplazadas en el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, contaron su historia en la CIDH. Quieren que el Estado “asuma su responsabilidad”.

Por Irina Hauser
Desde Washington
En el edificio de la Organización de Estados Americanos (OEA) no existe la obsesión por las medidas de seguridad que dan la bienvenida en la mayoría de los organismos públicos de Estados Unidos. No hay detector de metales, ni scanners al ingresar y se circula libremente. Tiene una gran fachada de ladrillo a la vista, canteros podados, mucha luz y una galería de cuadros. En el subsuelo, dos ex juezas de San Luis revivían ayer la pesadilla de haber sido destituidas por cuestionar el avasallamiento del poder judicial por parte del gobierno de Adolfo Rodríguez Saá. Desbordadas por la emoción, Ana María Careaga y Adriana Gallo contaron por primera vez sus historias ante las máximas autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió su reclamo. Ellas ya no quieren que les devuelvan sus cargos sino que el Estado asuma la responsabilidad por la violación de derechos esenciales. Sus abogados mostraron el caso como un ejemplo paradigmático de sometimiento político de las justicias provinciales y reclamaron al Gobierno nacional que frene la avanzada.
“Me han dicho que este tema es tremendo”, murmuraba una periodista española. La audiencia era abierta y los cerca de 30 asientos para el público estaban ocupados. Para mitigar la ansiedad, Adriana y Ana María se sacaban fotos en la pequeña sala de alfombra gris, mientras lamentaban que no hubiera podido viajar una tercera jueza removida, Silvia Maluf.
Adriana, de 53 años y tres hijos, hizo un racconto de las primeras medidas que sacudieron al Poder Judicial puntano a mediados de los noventa, a través de la aprobación de 17 leyes. Citó ejemplos: una ley para reducir los salarios del Poder Judicial; otra para poner a un hombre del riñón del gobernador al frente del Superior Tribunal y los órganos de selección y remoción de jueces; otra para ampliar las causas para hacerle juicio político a un magistrado. Frente a ese escenario, el Colegio de Abogados puntano pidió la intervención de la provincia. Gallo, Careaga, Maluf y una cuarta jueza firmaron una adhesión. La entidad de los abogados fue disuelta.
“La entonces fiscal de estado y actual senadora Liliana Negre de Alonso nos mandó cartas documento, nos recusó en causas donde interviniera el Estado y llegó a decir que lo nuestro era un acto de subversión”, contó Adriana frente a la CIDH. Al poco tiempo le iniciaron juicio político “con dos renglones” de acusaciones inverosímiles: por haber librado, como jueza civil y comercial, dos cheques sin consultar a abogados-parte. “Al final se me destituyó por ¡38 hechos! Entre ellos, haber trabajado en mi licencia por maternidad, y me inhabilitaron por ocho años para ocupar cargos públicos. La audiencia fue a 90 kilómetros de donde ejercía la función y sólo dejaron entrar a 30 personas”, detalló.
Para empezar su relato, Ana María, una ex jueza del crimen de 50 años, hizo notar que hubo ataque especialmente dirigido a las mujeres de la Justicia de San Luis. Luego siguió: “Nací en la ciudad de Mercedes, donde organizaron manifestaciones en mi contra y me humillaron públicamente. Mi jury fue por pretender investigar al intendente en un caso de corrupción”. Su tono firme se fue quebrando con el correr de los minutos. “Simple: al que no le gustaba lo que hacían con la justicia lo echaban”, dijo Careaga. La sentencia la inhabilitó por 15 años para ejercer cargos. La acusaron de desconocimiento del derecho, de desprestigiar a la justicia, de apartarse de “de la misión conferida a los jueces” y hasta la calificaron de “indigna”. En una causa penal estuvo al borde de ser detenida.
Los abogados de las ex juezas, Gastón Chillier y Diego Morales, del CELS, enumeraron ante la Comisión los derechos que consideran violentados: el principio de legalidad, el de juez imparcial e independiente, el de defensa y debido proceso, el de juez natural y el derecho a la libre expresión. Chillier explicó que las expectativas en la resolución van más allá de este caso. “Esperamos que de este proceso salga un mecanismo desde el Estado para actuar frente a los problemas con la independencia de distintas justicias provinciales”, le dijo a Página/12.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-92826-2007-10-11.html