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8.5.08

FONDO DE RECOMPENSAS

Reflexiones de la diputada nacional Norma Morandini en relación al proyecto del Poder Ejecutivo que crea un "Fondo Nacional de Recompensas" para que el Estado pague a quien provea información que permita encontrar y condenar a los prófugos por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

La definición de la acción viene en nuestro auxilio para probar que hablar de recompensa ya es un contrasentido cuando se trata de reconstruir y sancionar nuestro tenebroso pasado. Si recompensar significa “compensar el daño hecho”, no se entiende de qué manera se puede resarcir el sufrimiento, los despojos y la humillación de haber sido secuestrado, preso, torturado o expulsado del país, apelando a un elemento culturalmente espurio como es el dinero para conseguir la información que permita llevar a los tribunales a los represores. Más fácil resulta entender a la recompensa como “una retribución para remunerar un servicio”, pero es incomprensible si se utiliza para “retribuir” a los espías que estuvieron al servicio del terrorismo de Estado. Esa maquinaria de muerte anuló la responsabilidad cívica y tornó cómplices a todos los que vieron cómo se secuestraron tantos compatriotas sin poder hacer nada por el terror en el que se convivía, pero a la hora de la democracia no se pueden restaurar la solidaridad y la responsabilidad en base a un “beneficio”. No podemos premiar lo que no es ni “favor”, ni “virtud” ni “mérito” cuando, en realidad, lo que está en cuestión es un compromiso cívico.

Fueron los organismos humanitarios los que con coraje, sin recursos, con una sociedad que muchas veces les dio la espalda y un Estado que institucionalizó a medias las investigaciones los que hicieron posible que, poco a poco, toda la sociedad se apropiara de la búsqueda de la verdad. ¿Por qué ahora, cuando existe una política de Estado para condenar los crímenes de lesa humanidad, ese mismo Estado apela a las recompensas para los cómplices o testigos y no al premio del reconocimiento social para todos los que puedan aportar datos?
A pesar de su inconstitucionalidad, las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final” impidieron que numerosas causas por violaciones a los derechos humanos llegaran a los tribunales, lo que puso a prueba las condiciones del Estado para hacer efectivo el compromiso del gobierno: Verdad y Justicia. A la par, la desaparición de Julio López, los secuestros de los militantes vinculados a los juicios por crímenes de lesa humanidad y las amenazas que se multiplican en todas aquellas localidades donde existen procesos judiciales contra represores, demandan del Estado una coordinación efectiva tanto de la información de las agencias estatales como del seguimiento de los procesos. Pero, sobre todo, la protección de los testigos, a quienes se les deben dar señales claras de que no están solos. La protección estatal debe incluir tanto a los testigos-sobrevivientes como a los militantes y funcionarios comprometidos con los juicios de Verdad y Justicia. En momentos en que recrudecen las amenazas para silenciar en base al miedo y a la extorsión, le corresponde al Estado velar por la seguridad de los testigos, esos supervivientes que vencieron su propio temor para aportar los datos que lleven al banco de los acusados a los represores que caminan entre nosotros.
Tal como lo sugiere el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones de la sociedad civil más comprometidas con estos temas: “El Ministerio Público Fiscal debe definir una estrategia centralizada de promoción de los juicios. La consolidación de una instancia de coordinación que canalice el compromiso asumido por el Procurador General, con fuerte visibilidad pública y recursos, podría potenciar las estructuras existentes y fortalecer al grupo de fiscales que tiene a su cargo las causas de derechos humanos. Las tres tareas urgentes que le competen son: a) contar con información sobre la situación de los juicios en todo el país y a partir de ella definir una estrategia integral para avanzar en las investigaciones y llegar a juicio rápidamente; b) implementar una política de racionalización de los casos abiertos que permita ordenarlos, acelerarlos, evaluar las necesidades de recursos reales y la utilización inteligente de la información existente en los casos más avanzados; c) articular con el Poder Ejecutivo todo lo vinculado con la protección de testigos.
Es loable la creación de una unidad especial para la búsqueda de personas, pero no es en base a la recompensa monetaria que se debe instruir y entrenar a los agentes del Estado que deberán buscar tanto la información como a las personas que hayan participado en delitos de lesa humanidad. Demasiados ejemplos prueban que la mano de obra no está desocupada y existe una vinculación entre el pasado del terror y este presente dentro de las fuerzas de seguridad, de modo que introducir al dinero como recompensa distorsionará una acción que debe ser una virtud, no un oportunismo para obtener un beneficio económico. No se puede ignorar el valor simbólico y cultural del dinero, sobre todo en estos tiempos en los que por hablar de precio se elude cualquier referencia a los valores. El dinero no sirve sólo para las sólo para las transacciones financieras o como poder del gobernante que puede acuñarlo, sino que su uso es mucho más complejo en términos culturales. Su tenencia y utilización no significa lo mismo para el magnate que para el operario, sin embargo, “poderoso, don dinero” es el que compra conciencias, dignidades y reduce al ser humano a un cuerpo que consume. Si la política de recompensa se utilizó en la provincia de Buenos Aires sin demasiada eficacia o en otros países para combatir el crimen organizado, como sucede en México y Colombia, aún cuando muchos represores se han reciclado en esas bandas, no corresponde equiparar el crimen organizado con las causas de los derechos humanos, esos derechos que portan las personas sólo por su condición humana, en un país que no consigue aún restituir los valores de solidaridad y compromiso ciudadano.
El proyecto en tratamiento no sólo mercantiliza la obligación que cada ciudadano tiene de colaborar y proveer información a la justicia sino que, con su aplicación, nos expone al riesgo de "recompensar" a quien, como integrante de las fuerzas de seguridad, fue cómplice del silencio durante más de veinte años.

Este Congreso de la Nación tendría que estar hablando de las amenazas que reciben todos aquellos testigos que sin dinero, como pasó con las víctimas, aportaron información para que pudiera hacerse el juicio a las Juntas. No fue la falta de dinero la que inhibió toda la información de aquellos que han superado su propio miedo y su propio dolor para llevar a los represores al banquillo de los acusados.Insisto en que la verdad es una construcción colectiva, es una construcción de la historia y no podemos dejarla en manos del mejor postor.
No se puede condenar o castigar la violación de la dignidad apelando a la indignidad de pagar para hacer, por fin, Justicia. Esa, y no otra, es la verdadera deuda que el Estado democrático tiene con la ciudadanía.

DIP. MORANDINI

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