Fernández deroga polémico impuesto agrario tras revés en Senado

BUENOS AIRES (AP) - La presidenta Cristina Fernández derogó el viernes el polémico sistema de gravámenes a la exportación de granos un día después de que el Senado rechazara el proyecto oficial que establecía ese esquema impositivo que desencadenó múltiples protestas agrarias.
El anuncio fue formulado por el jefe de gabinete Alberto Fernández, quien en conferencia de prensa en la casa de gobierno leyó el decreto firmado por la mandataria en el que da instrucciones al ministro de Economía para dar marcha atrás con la resolución ministerial del 11 de marzo que había establecido las nuevas retenciones (gravámenes).
"Ordenamos dejarlas sin efecto para que puedan discutirse en democracia", anunció el jefe de gabinete.
En marzo, el gobierno había fijado por resolución ministerial un esquema móvil de retenciones que ataba la tasa del impuesto a la cotización de los granos en el mercado internacional y que para el caso de la soja, de la que Argentina es tercer productor mundial, implicaba un aumento de más del 10%.
Desde que fueron anunciadas, las retenciones desataron la reacción del campo, uno de los sectores económicos más poderosos de Argentina, que realizó cuatro huelgas y bloqueos de carreteras que causaron desabastecimiento de alimentos. Al reclamo del campo se sumaron varias protestas urbanas y "cacerolazos" en rechazo al gobierno.
Para intentar destrabar el conflicto, la mandataria envió en junio al Congreso --donde el oficialismo posee mayoría en ambas cámaras-- un proyecto solicitando la ratificación del nuevo esquema impositivo.
El jueves, el Senado rechazó el proyecto --que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados-- con el inesperado y decisivo voto del vicepresidente de la república Julio Cobos.
La votación de la iniciativa había quedado empatada en 36 votos y Cobos --que en su condición de vicepresidente es también titular del Senado-- definió la suerte del proyecto con su voto en contra.
El gobierno defendía las retenciones con el argumento de que permiten una mejor redistribución de la riqueza porque impiden que se traslade al mercado local el aumento internacional en el precio de los alimentos.
Para los productores, el impuesto era "confiscatorio".