Ing. Daniel Raúl Pérsico Senador Nacional

Proyecto del Senador Pérsico sobre trabajo y desarrollo humano


Hacia una inclusión social que no excluya el futuro


Índice

Prologo. …………………………………………………………………………………………………………………... Pág. 3

Primera parte: SUMARIO EJECUTIVO
1. EL TRABAJO Y LA PRODUCCION COMO BASE DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL: Objetivos y propuestas dentro del marco de reforma política en relación al Desarrollo humano, trabajo e inclusión social………………………………………………………… Pág. 5
1.1. Precarización del empleo y cultura del trabajo: personas del Plan de Inclusión que realizan tareas como si fueran empleados públicos. ……………………………………… Pág. 5
1.2. El trabajo y la producción como eje de desarrollo humano: personas del Plan de Inclusión que realizan tareas diversas y que no pueden acceder a un empleo genuino…………………………………………………………………………………………………………………………Pág. 6.
1.3. La labor del Estado frente a la comunidad a través de los agentes de la administración pública: personas de la Administración Pública con “contratos” que deberían ser agentes de planta……………………………………………………………………………….. Pág. 6
1.4. Paritarias, instrumento más idóneo para que los trabajadores luchen por sus salarios. ……………………………………………………………………………………………………………………….Pág. 7
1.5. El deber del Estado con sus trabajadores II: mejora salarial con corrección del sistema de remuneraciones para los agentes públicos. ………………………………………… Pág. 8

Segunda Parte: FUNDAMENTOS Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA
2. EL TRABAJO Y LA PRODUCCION COMO BASE DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL: la cultura del trabajo, políticas laborales y para el desarrollo humano. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….Pág. 9
2.1. Introducción y breve descripción del contexto social y productivo de la provincia. Los problemas actuales y futuros del P.I.S. (plan de inclusión social). ……………… Pág. 9
2.2. El nuevo paradigma en marcha: “red federal de políticas sociales integrales y el trabajo y la producción como base del desarrollo económico y social”. …………… Pág. 12

Tercera Parte: PROPUESTA PARA UNA SALIDA PRODUCTIVA DEL P.I.S.
3.1. Descripción de las personas que integran el P.I.S………………………………………..Pág.15
3.2. Propuesta de Proyecto Productivo para los trabajadores del P.I.S. del segmento de plena actividad laboral…………………………………………………………………………………………Pág.16

Cuarta Parte: EJES MÁS IMPORTANTES DEL ENFOQUE LABORAL.






Prólogo
El nefasto proceso económico neoliberal de los ´90, con su “filosofía globalizadora” sus “juegos financieros” y la lucha por la captación de mercados externos, a los que se podía acceder con mano de obra barata, llevó al desempleo y precarización de la clase trabajadora hasta arrojarla finalmente, en muchos casos, a la marginación más cruel. Ante esta globalización de la pobreza, el fenómeno de la exclusión social obligó a los gobiernos nacionales a crear la contra cara con planes de inclusión social, tendientes no solo a proteger a los excluidos del sistema, sino además a preservar la paz social y la gobernabilidad, seriamente comprometidas.
En ese marco social de gravedad que en el 2001 vivió Argentina, San Luis no fue la excepción, sino que se profundizó aún más esa crisis laboral, puesto que dejó en evidencia una realidad fácilmente demostrable: la promoción industrial que trajo a miles de trabajadores de otras provincias a la nuestra, al haberse ido gran cantidad de plantas industriales, engrosaron las filas del ejército de los desocupados, por lo que los índices de desempleo subieron exponencialmente convirtiéndose en uno de los más altos del país.
Así aparecieron los paliativos con planes o subsidios desde el Estado provincial como las pasantías o los programas provinciales “pañuelos verdes”, y otros, hasta que finalmente, se puso en marcha el Plan de Inclusión social.
Aunque parezca una verdad de Perogrullo, obvio es señalar que un plan de inclusión como el que se lanzó en San Luis, solo emerge de la existencia de una gran exclusión y ésta a su vez no surge por generación espontánea, por el contrario es el producto de una situación precaria de las fuentes de generación de empleo, falta de previsión y de lectura errónea del contexto provincial; pero lo más importante es que el Estado provincial pudo implementarlo gracias a que a partir del año 2003 el ex Presidente Néstor Kirchner logró sacar al país del infierno, para ponerlo -luego de su mandato- “en el purgatorio”; reconociendo que aún quedan muchas metas por cumplir.
Mas allá de que muchas veces se intentó denostar a quienes pudimos tener una crítica constructiva sobre el Plan de Inclusión Social, en lo personal quiero destacar que nunca hice un juicio de valor sobre el mismo, pues sería de infinita miseria intelectual, decir que no era necesario, por el contrario, destaco el hecho de que su creación permitió sacar a muchas familias de la indigencia. Fue esencial en el momento en que se gestó, pero se estancó en su génesis. El elemento coyuntural, con que se debió pergeñar, se prolongó en el tiempo, se quedo en su esencia primaria y lo que pudo ser un punto de recreación de mano de obra especializada dirigida hacia nuevos empleos y/o generación de emprendimientos económicos auto sustentables, al permanecer inerte, se transformó en un sustrato del propio Estado, sin proyección, sin esperanza de futuro para quien en principio fue el beneficiario, es decir el excluido.

Lo que a priori pareció una “panacea”, se fue transformando con el tiempo en trabajo precarizado, sin otra perspectiva que la de sostener la inmediatez, pues en lo mediato no existió un plan debidamente instrumentado para transformar el elemento paliativo en el hecho concreto de un trabajo que gozare de los beneficios que las leyes otorgan y muy especialmente lo referido a la previsión social. Al prolongarse en el tiempo sin redefinir los objetivos, una vez morigerada la crisis que dio origen a la creación del Plan de Inclusión Social, cada año de permanencia como un compartimiento estanco va en detrimento de los trabajadores puesto que pierden la posibilidad de aportar para su futura jubilación.
Por otra parte -y como contracara de la crisis social provincial- en todo el territorio de la Nación desde el año 2003 a la fecha se están desarrollando políticas activas de empleo que acompañan el proceso de crecimiento económico, promoción del empleo en el sector privado, como asimismo fomentando políticas destinadas a ampliar la protección social de las nuevas formas de trabajo, proporcionando leyes “inclusivas” de los miles de trabajadores de la economía social, de las microempresas, de empresas recuperadas, de las auténticas cooperativas y de todos aquellos que tienen una relación de trabajo informal o atípica y que en el 2001 estaban desamparados o marginados, impulsando medidas que implican una reconversión productiva ya que se da un paso de la economía “informal” a la “formal” con sus consiguientes beneficios del acceso a la seguridad social.
Esa es una de las asignaturas pendientes de los que gobiernan la provincia con la sociedad puntana…Y este es mi aporte dentro del marco de diálogo para la reforma política, poniéndome a disposición de la gente y especialmente de los más humildes, para alcanzar una provincia y una nación más integradas, más igualitaria y justa para todos los comprovincianos, superando la fragmentación y la exclusión social.


Ing. Daniel Pérsico
Primera parte: SUMARIO EJECUTIVO

1. EL TRABAJO Y LA PRODUCCION COMO BASE DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL: Objetivos y propuestas dentro del marco de reforma política en relación al Desarrollo humano, trabajo e inclusión social.
A modo de complemento de lo expuesto precedentemente en el prologo de éste trabajo, se presentan una serie de propuestas claras y concretas que permitirán dar más y mejor trabajo a los ciudadanos de la provincia de San Luis, evitando las prebendas y las técnicas clientelares, y procurando un desarrollo integral del individuo basado en el respeto a la dignidad y a las potencialidades humanas, que es en definitiva, la base fundamental de toda sociedad democrática y progresista.
Las propuestas e ideas a las que estoy haciendo referencia son las siguientes:

1.1. Precarización del empleo y cultura del trabajo: personas del Plan de Inclusión que realizan tareas como si fueran empleados públicos.
Existe en la provincia de San Luis una serie de figuras “laborales” altamente precarias que contrarían a la propia Constitución provincial y nacional como asimismo numerosas normas jurídicas, y a la vez resultan inmorales si se tiene en cuenta que privan al trabajador de las mas elementales derechos y garantías de la seguridad social.
Una de esas situaciones se encuentra en aquellos casos en los que beneficiarios del denominado “Plan de Inclusión Social Trabajo por San Luis” vienen desde hace largos años desempeñando tareas administrativas en distintos organismos y dependencias del estado provincial. Cito como ejemplo a quienes trabajan en hospitales, en los edificios de la administración central, en escuelas, etc., pues bien, esas personas, hombres y mujeres de nuestra provincia, desarrollan todas y cada una de las tareas propias de un empleado público, pero en los registros del Estado figuran como beneficiarios de un plan social, en desmedro del principio constitucional de igualdad. Ellos trabajan eficiente y arduamente en las tareas que le son encomendadas, pero no reciben un salario digno por ello, y lo que es peor aún, el Estado provincial no efectúa los aportes previsionales a los que está obligado, librando a su suerte el futuro previsional del trabajador en cuestión.
Por ello propongo que todos aquellos trabajadores que vienen desempeñando alguna tarea, función y/o trabajo vinculado a la administración pública provincial por mas de dos años sean nombrados de manera efectiva como “agentes de la Administración pública centralizada o descentralizada”, otorgándosele por imperio de la ley todas y cada unas de las prerrogativas que tal condición les confiere: salario digno, vacaciones, obra social, aportes jubilatorios, estabilidad absoluta, desarrollo de la carrera administrativa, etc.; respetándose –desde luego- la actividad de que se trate, categoría y la antigüedad en el desempeño laboral en virtud de los escalafones previstos por el Decreto N° 392 del Poder Ejecutivo Provincial hoy vigente.
En el afán de ser gráfico con lo que acabo de proponer, paso a explicitar algunos casos concretos que considero se repiten cotidianamente en distintas esferas de la administración pública.

1.2. El trabajo y la producción como eje de desarrollo humano: personas del Plan de Inclusión que realizan tareas diversas y que no pueden acceder a un empleo genuino.
Otra situación sumamente injusta que sufren los trabajadores y trabajadoras del Plan de Inclusión Social que encubre una verdadera relación laboral, es la que se configura con aquellas personas que trabajan en la vera de las rutas en tareas forestales, desarrollando diversas actividades en talleres, realizando trabajos artesanales, profesionales, de albañilería, etc., -o inclusive profesionales- y que por dicha labor reciben como retribución una suma de dinero irrisoria, que atenta contra su dignidad, sin aportes jubilatorios, y sin el respeto a las mas normas de Higiene y Seguridad laboral. Para este caso, propongo que se lleve a la práctica –como lo hace la Nación- un modelo “inclusivo” de creación de trabajo y producción como eje del desarrollo económico y social. Esto es, que se materialice la reconversión laboral, a través un “Plan Estratégico Integral Económico y Productivo” que se erija en una verdadera política de estado, capaz de generar rápida y eficazmente las condiciones objetivas necesarias para atraer inversiones duraderas que hagan propicia la toma de mano de obra calificada en nuestra provincia. Dicha política de Estado deberá tener en cuenta las posibilidades competitivas que hoy ofrece nuestro país y provincia en el concierto de las naciones vecinas y del resto del mundo, y al mismo tiempo asegurar un desarrollo sustentable, integral y armonioso para el estado provincial.

1.3. La labor del Estado frente a la comunidad a través de los agentes de la administración pública: personas de la Administración Pública con “contratos” que deberían ser agentes de planta.
Otra situación de precarización laboral que se configura es aquella que sufren todas aquellas personas que durante años vienen prestando servicio como agentes de la administración pública centralizada o descentralizada, sin que hasta el presente se les aplique el Estatuto del Empleado Público, que exige que luego de un muy breve período de tiempo a prueba, se los incorpore a planta. Por ello es un imperativo moral que para todos aquellos trabajadores que vienen desempeñándose eficientemente y con idoneidad en su cargo, con una antigüedad superior a los seis meses, como agentes de la administración y que mantienen una relación contractual anómala -con la excusa de que se encuentran congeladas las vacantes en la administración publica- se los designe de manera inmediata en plana permanente, con todos sus derechos. En efecto expresa el Art. 13 del Estatuto del Empleado Público: “El nombramiento del personal permanente tendrá el carácter de "a prueba" durante los seis (6) primeros meses de servicio efectivo, al término de los cuales se transformará en definitivo…”. Para ello deberá removerse todo obstáculo legal que imposibilite tal acto de estricta justicia, como lo es el que prevé la actual Ley de Emergencia económica. Es evidente que quienes vienen desarrollando la tarea encomendada durante largos años cubren los requerimientos de idoneidad exigidos por la ley desde que, si así no fuera, hubieran sido dados de baja mediante decisión administrativa correspondiente (Ley Nº XV-0390-2004). En ése sentido cabe mencionar que el Art. 9 de la ley referida reza literalmente: “El ingreso del personal de la Administración Pública Provincial se hará previa acreditación de idoneidad, y cumplimiento de los requisitos que fija la Ley y reglamentaciones vigentes al momento del ingreso. El personal permanente, además, lo hará por la categoría inferior de la carrera administrativa y en el agrupamiento correspondiente, conforme al régimen escalafonario pertinente.”. No está de más señalar que de acuerdo a la naturaleza funcional que vienen desarrollando estas personas, con dichas incorporaciones deberán respetarse antigüedad, situación familiar, capacitación y desempeño, para asignarlo al escalafón y categoría que por derecho corresponda. Creo que asimismo, el Estado debería reparar el perjuicio de estos trabajadores haciéndose cargo de una reparación pecuniaria equivalente al monto que dejaron de percibir durante todos esos años hasta el momento de su efectivización, por diferencia de salario durante ese periodo en el que cada trabajador estuvo contratado informalmente. Ello deberá realizarse de la forma más adecuada de tal manera que las cuentas públicas del Estado no se vean afectadas y de manera consensuada con los trabajadores.

1.4. Paritarias, instrumento más idóneo para que los trabajadores luchen por sus salarios.
Las paritarias deberán ser un hecho real y no “virtual” en nuestra provincia. Las mismas se conceptualizan como comisiones especiales, integradas en números iguales por representantes de trabajadores y de la patronal, que tienen la facultad de analizar puntos específicos de las relaciones laborales (condiciones de trabajo, salarios, horarios, etcétera) e intervenir en conflictos. En ése orden de ideas propongo que las mismas sean convocadas al menos dos veces al año con el fin de discutir, proponer y consensuar los salarios y demás condiciones de trabajo con los distintos gremios que aglutinan y defienden los intereses de los empleados de la administración pública y de la actividad privada, según la actividad de que se trate. Vale como ejemplo el ejercicio democrático efectuado por los distintos sindicatos nacionales que integran el movimiento obrero y por el empresariado de nuestro país, que, con el control y la supervisacion del Gobierno Nacional, han acordado en un marco de dialogo sincero, respetuoso y responsable los aumentos salariales de los trabajadores, asegurándoles un salario digno y augurándoles un futuro mejor.

1.5. El deber del Estado con sus trabajadores II: mejora salarial con corrección del sistema de remuneraciones para los agentes públicos.
Finalmente, es imperioso corregir el plexo normativo vigente (Ley XV-0555-2007 y Decreto N°392-MHP-2008), que prevé el mecanismo de calculo de los salarios de los agentes de la administración publica centralizada y descentralizada en todos los escalafones, subsanando sus deficiencias con índices y puntajes superiores a los allí referenciados, como asimismo, elevando los salarios básicos de todas las categorías inferiores de los distintos estamentos públicos. Ello se debe a que luego de producido el análisis de liquidación del salario de los trabajadores, los mismos se traducen en uno de los salarios mas bajos del país, motivo por el cual se propone que los mismos índices, puntajes y “salarios básicos para cargos testigos”, se incrementen en un porcentaje no inferior al 20% de tal manera que garantice un salario digno, vital y móvil que responda a las necesidades de los trabajadores y su núcleo familiar, adecuándose a la media nacional.

Segunda Parte: FUNDAMENTOS Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA

2. EL TRABAJO Y LA PRODUCCION COMO BASE DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL: la cultura del trabajo, políticas laborales y para el desarrollo humano.

SINTESIS DEL DESARROLLO
ANALIZADA LA SITUACIÓN DE NUESTROS TRABAJADORES, CONSIDERO QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL DEBE FOMENTAR EL TRABAJO GENUINO A TRAVES DE LA CREACIÓN DE FUENTES LABORALES AUTOSUSTENTABLES (REAPERTURA DE FÁBRICAS ABANDONADAS, TURISMO, CULTIVOS COMUNITARIOS, ETC) CUYA CREACIÓN DEPENDE DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DESTINADOS A LA INCLUSIÓN, INCENTIVANDO LA INVERSION PRIVADA, OTORGANDO FINANCIACION PARA LA CREACION DE PYMES, PRESTAMOS BLANDOS PARA EMPRENDIMIENTOS FAMILIARES Y TODO AQUELLO QUE GENERE PUESTOS DE TRABAJO REALES.

2.1. Introducción y breve descripción del contexto social y productivo de la provincia. Los problemas actuales y futuros del P.I.S. (plan de inclusión social).
La sociedad de San Luis –como ya dije- no fue ajena a las consecuencias de la política neoliberal imperante hasta la crisis del 2001 en el país. La fuerte caída de las empresas radicadas en la provincia como consecuencia del proceso de industrialización (Acta de reparación histórica en 1983) generó el despido paulatino y sistemático de grupos poblacionales que habían migrado a San Luis en busca de mejores condiciones de vida. La caducidad de los beneficios promocionales industriales y la perdida de fuentes de trabajo provocaron la exclusión y la fragmentación de la población.
Una de las políticas sociales provincial de contención a la crisis durante el año 2002 fue un programa de pasantías laborales (Pañuelos Verdes (para jóvenes), Pañuelos Blancos (para mujeres) y Pasantías que con el Plan Nacional “Jefas y Jefes de Hogar Desocupados”, mitigaron en forma insuficiente la crisis de exclusión social.
El Plan de Inclusión Social surge por las condiciones de emergencia social, provocadas por la desocupación que evolucionó hasta al 15,9 % en mayo del 2003, la falta de políticas de desarrollo económico y la tasa de actividad disminuyó del 36,5 % (mayo del 2001) al 32,4 % en mayo del 2003[1].
Es una decisión anunciada por el Gobernador de la Provincia durante su campaña política y ratificada con motivo de iniciar su primer periodo constitucional de gobierno en mayo del 2003. El texto del discurso menciona entre otras cuestiones una referencia histórica a tres problemas culturales con respecto al trabajo que provocan exclusión social, sin mencionar las consecuencias del modelo neoliberal imperante hasta el 2001.
La política anunciada para la inclusión social de todas las personas tiene estatus de ley y es aprobada bajo el Nº I-0001-2004 (5411) con vigencia por el término de un año y prorrogable en función de las necesidades por decreto del Poder Ejecutivo provincial. Se ha extendido hasta el año 2008.
El sentido que tiene este Plan es dar una respuesta a la emergencia social. No se considera un plan de inserción laboral ni administrativa, sino que es el desarrollo de prácticas en proyectos de interés público con el requisito de cumplir 8 horas diarias durante cinco días a la semana. Por esta contraprestación el destinatario recibe una “colaboración económica” de quinientos veinte pesos, cobertura de la ART y de obra social del estado provincial solo para el titular del beneficio.[2]-
El articulo 3º de la ley define claramente a quienes esta destinada esta herramienta: “Plan esta dirigido a todos los ciudadanos de San Luis desocupados, dispuestos a mejorar sus posibilidades de conseguir empleo mediante la inclusión en la cultura de trabajo. Se garantiza el acceso al Plan de las madres solteras, mujeres jefas de hogar, mujeres mayores de cuarenta (40), cincuenta (50) y sesenta (60) años, todas las personas con capacidades diferentes, hombres mayores de cuarenta (40) años, todos los jóvenes, mujeres y hombres mayores de dieciocho (18) años y de todo sector de la población en estado de emergencia social “
Los tres conceptos anteriores impactan sobre el trabajo, y es reforzado por las políticas anunciadas “… gobernar es crear fuentes de trabajo, es mantener las fuentes de trabajo existentes, es mejorar las fuentes de trabajo, el camino es el trabajo, trabajo para todos los puntanos…”.
Este plan viene a resolver una emergencia económica-social coyuntural que es la exclusión social “que comprende tres realidades: (1) el problema de quien no quiere trabajar -nicho estructural- (2) el de la era industrial y de la explotación y, (3) el nuevo problema del que no lo necesita…”[3].
El proyecto de trabajo es implementado por el Gobierno de la Provincia de San Luis, a través del Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo Humano.
La meta anunciada por el gobernador era para el año 2003, la inclusión en el plan era de 30.000 puntanos. Inicialmente se inscribieron alrededor de 48.000 personas en toda la Provincia,
La puesta en marcha del Plan de Inclusión Social contempló tres fases:
Incluir, dando trabajo. Tuvo un objetivo fundamental, que fue otorgarle trabajo a todos aquellos que no lo tuvieran (desocupados) y a aquellos cuyas condiciones laborales eran inciertas o sumamente deprimidas (sub ocupados).
Capacitar produciendo y enseñando. Conlleva dos lineamientos paralelos:
o Trabajar como una forma de producir capacitando, lo que implica hacer obras y aprender formas de comportamiento desde una perspectiva laboral: cooperación, trabajo en equipo, solidaridad. La mayoría de las obras que contribuyen al enriquecimiento de la infraestructura provincial, es decir a incrementar su capital social básico, la están ejecutando trabajadores del Plan de Inclusión Social: Obras de carácter público, Formación de cadenas productivas, Construcción de viviendas sociales, Forestación.
o Enseñar a través de Talleres, considerando dos aspectos: - inducir autoestima, confianza, solidaridad, es decir formas de valoración y comportamientos para reinsertarse en mejores condiciones a la comunidad, perfeccionar o aprender algún oficio o arte.
El objetivo fundamental de los talleres de capacitación, era brindar nuevas herramientas para facilitar su reinserción en el mercado laboral.
Otros talleres tenían un sentido mas profundo que aprenden a leer y escribir en los diferentes talleres Educativos y de Alfabetización.
La tercera fase se implemento en el año 2006/07:
El Subprograma de Estrategias de Inclusión Social posibilito la incorporación de beneficiarios a empresas privadas. Tenía un doble beneficio: para el trabajador y para la empresa contratante. El beneficiario se incorporara al ámbito laboral privado de manera paulatina, sin riesgo de perder su trabajo, y aumentar sus ingresos. La empresa se beneficiaba con un subsidio del Estado que cubre un porcentaje del sueldo de cada trabajador incorporado en plazo acordado, que ira disminuyendo progresivamente, hasta lograr la total independencia del trabajador del Estado.
Conclusiones: Actualmente se ha recortado a una cantidad de 28.000 beneficiarios. A partir de un cruce de datos con otros organismos del Estado nacional se procedió a la revisión de las inscripciones con ANSES, Cajas de Jubilación, de Pensiones y programas de trabajo, para verificar si el postulante ya poseía algún beneficio, este fue uno de los primeros criterios para depurar el padrón de beneficiarios, luego derivaron a las poblaciones con determinadas características: discapacitados, madres de 7 hijos a programas nacionales; para mayores de 70 años para la modalidad de jubilación sin aportes y para su pensión lo que genero una baja de aproximadamente 2000 beneficiarios. Calculan que han quedado cerca de 4000 beneficiarios que poseen una incapacidad laboral o minusvalía a los cuales en este momento le dan plantines para que los cuiden en su vivienda dado que los mismos no pueden cumplir con la asistencia a parcela.
En lo referente a lo productivo, el área competente o sea Estrategias de inclusión tenia hasta principios de este año aproximadamente 248 proyectos productivos de 2 integrantes, a los cuales se les hacia firmar un convenio por 1 año o 6 meses según surgiera de la evaluación su pertinencia para ser nuevamente renovado. La mayoría de ellos del rubro servicios, actualmente se han comenzado a dar de baja sin haber recibido prácticamente seguimiento, capacitación y apoyo económico para mejorar las distintas barreras presentes en su mayoría en el capital de trabajo, espacio de implementación, relaciones y capacidad de tarea asociativa y de comercialización.
Actualmente se están realizando distintos intentos de incluir a estas personas en la administración publica, en los primeros días del mes de junio se llamo a inscribirse a beneficiarios para cubrir 70 cargos de mucamas en el Complejo Sanitario, como así también en Villa Mercedes se los ha estado capacitando en elaboración de Proyectos productivos.
A grandes rasgos e podría decirse que se ha generado a partir del Plan una paradoja en la que el Estado contribuye fuertemente al aumento de la precariedad laboral. Sin embargo -en contra de lo que indicaría el sentido común pero en coincidencia con el funcionamiento del P.I.S.- el 75% sostiene que desarrolla sus tareas en la calle o espacios públicos. Al mismo tiempo, más del 50% de los beneficiarios realiza tareas de limpieza no domésticas o relacionadas con la forestación y la mayoría son obreros no calificados.
Además, si bien se fija para el mercado un “piso” salarial, se lo precariza aún más: los “beneficiarios” no cuentan con aportes jubilatorios, ni recibo de sueldo; no tienen vacaciones ni días por enfermedad pagos y tampoco aguinaldo. A pesar de eso, los “beneficiarios” parecen satisfechos: no buscan otro empleo e incluso resulta sumamente difícil a los pequeños empleadores rurales y urbanos conseguir mano de obra dispuesta a realizar tareas más exigentes que las que el Plan de Inclusión demanda.
Por otra parte, si bien se genero una inyección de circulante, producto de la percepción de los beneficios del Plan de Inclusión, esto no se ha reflejado en la mejora de la calidad de vida de los integrantes del grupo familiar. Los que proyectaron esta política publica consideraron que el solo hecho de que tuvieran un ingreso, esto se reflejaría en la capacidad de selección en la relación necesidades-satisfactores( alimentación en prioridad de elementos de disposición y de confort) y al exigir las 8 horas de contraprestación a todos los integrantes, sin diferenciar si eran madres solas a cargo de niños menores, en edad escolar, que necesitan cuidado y tampoco al acompañar con actividades de remoción de barreras ( Ej.: espacios de cuidado para niños, etc.) por lo que tenemos el doble de niños en situación de negligencia, la mayoría se queda solo o al cuidado de sus hermanos mayores que no asisten a la escuela por cuidar a los mas pequeños. La mayoría de los adolescentes que cursaban los últimos años abandonaron para poder acceder al pis.
Esta situación genera distintas consecuencias: obliga al Estado a sostener el Plan para mantener el ingreso de las familias y coloca a los beneficiarios en una situación de clara dependencia. Más allá de los aspectos coyunturales, no hay ninguna garantía de que la provincia esté en condiciones de sostener el P.I.S. indefinidamente y, aunque las hubiera, debe cuestionarse seriamente el diseño de políticas que opta por destinar un 25% del presupuesto a la ayuda social en lugar de solventar emprendimientos que generen empleo productivo.
En este escenario, y con el Plan de Inclusión plebiscitado, la posibilidad de transferir los recursos que se emplean para el Plan y que tiene como fundamento una concepción de desarrollo social con un fuerte componente asistencialista, paternalista e individualista, atendiendo a necesidades urgentes (focalizadas) y que abordan soluciones en el corto plazo sin considerar soluciones sustentables, en la que se cercena el ejercicio efectivo de los derechos sociales; en una Política Social con una función de integración social se vuelve mucho más lejana.
Vale tener en cuenta que deja de lado la perspectiva de ver en este nuevo proceso de reestructuración de la sociedad, el concepto de que se comienzan a modificar las demandas, los actores, la vida material y simbólica, es decir, el conjunto de normas y valores , que dan sustento y legitimidad a una determinada sociedad, desde sus instituciones hasta las estructura estatales, conformado un nuevo vinculo entre Estado y sociedad civil, es decir otro paradigma social, vinculado fuertemente a la idea de ciudadanía social y anclada en el trabajo, como ordenador y generador de identidades.
Con respecto a la sociedad civil, el gobernador firmó un pacto social de gobernabilidad con diferentes organizaciones de la sociedad civil, que avalara las políticas enunciadas en su discurso, con la incorporación del Plan de Inclusión Social. Por tanto, toma en cuenta al menos desde la intencionalidad política, el reconocimiento del valor de una tradición democrática y popular. Si bien esta concepción implica espacios de articulación política, de construcción de nuevos sentidos sociales colectivos, de organizaciones sociales y de nuevas formas de vida político social, en la realidad solo se trató de un acto y de una firma de acuerdo de carácter simbólico institucional, dado que no se logró avanzar en articulaciones de mayor carácter por carecerse de voluntad política.
En suma, el Estado provincial se asume –con referencia al Plan de Inclusión Social - como herramienta de la política social, que regula y activa recursos políticos y condiciona a los sectores más vulnerables como única política pública, manteniendo a los trabajadores del P.I.S. como rehenes de su precariedad, lo que le garantiza al Poder Ejecutivo sustentabilidad y poder político (clientelar), de manera que para que los beneficiarios puedan obtener una respuesta a las distintas necesidades que padecen, deben acceder de manera coercitiva a todas y cada una de las exigencias a los que se los somete, sin poder encontrar una salida laboral genuina que los dignifique dentro de un proyecto de desarrollo humano y crecimiento en el marco de la economía social.

2.2. El nuevo paradigma en marcha: “red federal de políticas sociales integrales y el trabajo y la producción como base del desarrollo económico y social”.
El ex Presidente Néstor Kirchner cuando decidió hacer realidad cada propuesta de su plan de Gobierno ante la sociedad de la nación siempre manifestó que “la economía debe estar al servicio del hombre, la producción al servicio del consumo y el capital al servicio de la economía”.
Así, para salir de la crisis del 2001 con una Argentina fragmentada, sin identidad y con una inmensa cantidad de ciudadanos sujetos a una inequidad alarmante que había quebrado el tejido social, logro consolidar en todo el país una red federal de políticas sociales integrales que posibilita el cumplimiento de cada uno de los habitantes de este país que se encuentra en estado social de vulnerabilidad.
El Estado de manera inmediata desde el inicio de su gestión pasó de manera urgente a dar respuestas al empleo, salud, educación, alimentación y vivienda, afirmando entonces los derechos del Niño y de la Mujer, la inclusión social de los Jóvenes y la atención de la Tercera Edad y la Discapacidad.
Aunque el cuadro actual de la nación aún es grave (a pesar de haberse creado desde 2003 al presente casi 4 millones de nuevos empleos) el Gobierno nacional no dudó en adoptar aquellas medidas generadoras del cambio de rumbo que impuso el neoliberalismo, activando recursos propios, humanos y económicos. Es por eso que las principales acciones que se llevan a cabo desde entonces son las que terminan con la especulación y el individualismo, para asegurar la producción y la cooperación, el esfuerzo propio y la solidaridad, la defensa del trabajo y del tejido productivo. En definitiva, una acción conjunta para asegurar una cultura del trabajo.
Así, es importante que en la provincia se lleve a cabo una acción conjunta con todos los resortes del Estado Nacional y provincial que coordine todos los aspectos de la política a partir de un sistema de planificación que optimice y potencie el uso de los recursos humanos del P.I.S. y productivos.
Es la producción la que marca cada una de las políticas de Estado. La educación provincial debería orientarse de acuerdo al modelo de país y su perfil productivo, y las obras de infraestructura, los caminos, el transporte, depende de las actividades productivas y de la generación de riqueza y trabajo en cada región de nuestra provincia.
Debe ser prioridad para todos los puntanos un propósito de mediano plazo que oriente –a través de la acción de gobierno- la acción de todos los agentes económicos con la finalidad de diseñar una estructura productiva moderna y competitiva, ampliadora de mercados y que también posibilite un armónico desarrollo regional, fomente la capacitación, impulse el desarrollo científico y tecnológico, asegure el estricto cumplimiento de las normas sobre calidad y sea sustentable en lo ambiental.
El desarrollo debe hacerse sobre nuestras máximas capacidades, alentando el crecimiento de la industria, el campo, el turismo y la cultura. Con esos objetivos, se podrá recuperar la moral del trabajo como reconstructor del orden social, apuntando a incorporar al desocupado o subocupado al campo productivo mediante la generación de empleo digno y estable. Los planes sociales deben ser mantenidos para solucionar la emergencia coyuntural, pero deben ser reemplazados lo antes posible por producción y trabajo.
Para ello será menester asignar políticas diferenciadas para pequeñas y medianas empresas provinciales que generen de manera efectiva nuevas ocupaciones. Deberá darse preferencia también a los proyectos con alta incidencia ocupacional en la programación de la inversión pública ponderando positivamente la cantidad de puestos de trabajo a crearse con idéntico criterio en materia de licitaciones de obras y servicios públicos.
No se observa en la provincia que se de este enfoque al desarrollo, por lo que es imperioso corregir ese rumbo a través de un enfoque que resuelva el problema del empleo mediante un plan económico en sintonía con la política nacional que aliena tales pilares, sin déficit fiscal e integrado con políticas activas que recuperen la centralidad de las cuestiones laborales.
Por ello es necesario dentro de este proceso de reforma política dar un giro y convocar al acuerdo a todos los sectores de la producción y el trabajo, sobre nuevas y actualizadas formas de regulación que alienten la producción, fomenten el empleo digno y acompañen las transformaciones técnicas y económicas operadas en el mundo del trabajo actual.
Educación, trabajo, tecnología y producción constituyen los factores que interactúan para determinar el desempeño económico y social de los países que están en una etapa como la que atraviesa nuestra provincia hoy. A estos cuatro factores no se los concibe –como hasta ahora- de manera aislada o de causalidad, sino que debe concebírselos en una activa interrelación en la que cada uno de ellos constituye insumo producto, condicionante y estímulo, causa y efecto de los restantes, en un horizonte temporal que no se agota en el presente sino que debe ser “política de Estado” para que perdure a lo largo del tiempo.
En este sentido, aliento los consensos y fomentaré la negociación y el diálogo en todo lo que esté a mi alcance como Senador de la Nación en representación de todos los habitantes de mi provincia.
PROPUESTA PARA UNA SALIDA PRODUCTIVA DEL P.I.S.[4]

3.1. Descripción de las personas que integran el P.I.S.

Segmento Inicial:

Lo componen los jóvenes demandantes del primer empleo, en la franja que va desde los 18 a los 23 o 25 años, que más allá de los diferentes niveles educativos alcanzados que podrían significar ofertas laborales diferenciadas, lo cierto es que el mercado de la actividad privada sigue exigiendo para ingresar al mismo condiciones rayanas en la discriminación.

Este segmento de jóvenes, sin diferenciación alguna de género, estado civil, composición familiar, salvo discapacidades de naturaleza tal que lo impidan, deben al menos completar lo que la actual Ley Nacional de Educación asume como obligatorio: el ciclo Secundario completo. El subsidio que otorga el Estado Provincial para esta franja de edad, al menos debe servir para garantizar el cumplimiento de esta pauta formativa indispensable para cualquier alternativa laboral posterior.

Obviamente, aquellos beneficiarios del Plan que hayan ingresado o ingresen a futuro con el ciclo Secundario completo o estén cursando estudios Terciarios, universitarios o de otra índole o que incluso hayan completado los mismos, dependiendo de las orientaciones que elijan o hayan elegido, tendrán la oportunidad de completar los mismos. De modo tal que, percibiendo el monto mensual que fije el Plan, podrán especializarse en aquellas áreas vinculadas a la mayor demanda laboral que fije tanto la actividad privada como la estatal. O bien volcar sus conocimientos técnicos o profesionales adquiridos, en todo curso o taller permanente que el sistema organice para el resto de los componentes del Plan.

Segmento Superior:

Es el segmento por edad de mayor riesgo laboral.

Comprende la franja de los mayores de 45 años, la gran mayoría con más de 20 o 25 años de trabajos de distintas índoles, y a quienes la crisis laboral de fines de los noventa expulsó de la actividad, fundamentalmente privada, y hoy todavía son muy escasas las posibilidades de reinserción en la misma. Diríamos que en el caso de aquellos que no tuvieron a lo largo de sus años de empleo, una calificación laboral específica o de importancia, sus posibilidades de reinserción en la actividad privada hoy son casi nulas. Desgraciadamente, la edad y los requerimientos de un mercado ajeno a las injusticias que sus propias leyes engendraron, son como una condena en vida.

Si queremos ser más específicos y nos atenemos a la franja de los mayores de 55 años, hombres o mujeres que en la actividad laboral estarían próximos a la edad jubilatoria, el sistema debería proveer los mecanismos de aportes necesarios para completar los respectivos faltantes, computando los años de permanencia en el Plan y así poder acceder a los beneficios vigentes para cada caso en particular.

En otros casos, la experiencia laboral adquirida a lo largo de sus años de actividad, sumada a la calificación técnica o profesional en diferentes campos de desarrollo, constituyen el mejor legado que pueden brindar a sus compañeros más jóvenes en un sistema informal de transmisión del conocimiento práctico que es necesario crear dentro del Programa del Plan de Inclusión. Algo similar a lo que otrora fueran las Escuelas de Artes y Oficios del Gobierno del Gral. Perón donde se formaron generaciones de trabajadores calificados de la Industria, el Campo y la actividad de diferentes Servicios.

La infraestructura ociosa de los Parques Industriales o de los terrenos de experimentación agrícola, sumado al aporte del Estado Provincial y de los Municipios más importantes junto al conocimiento y experiencia de nuestros trabajadores mayores, pueden poner en marcha un emprendimiento de esta naturaleza, donde inculcar a los más jóvenes que trabajo – producción y bienestar no es una ecuación del pasado sino el único futuro posible de dignidad.

Segmento de plena actividad laboral:

La componen los miembros del Plan entre los 25 y los 45 años de edad y cuya permanencia sine die dentro del mismo no sólo es una condena a renunciar a un futuro diferente, sino que es la causa por la cual se le retrae al mercado laboral y a la actividad productiva de la Provincia la potencialidad que encierra ese universo mayoritario de beneficiarios actuales.

Para ello es fundamental recordar la segunda premisa con la que elaboramos la Introducción a esta propuesta. Necesitamos sí o sí, elaborar un nuevo Proyecto Productivo para la Provincia de San Luis, cuyo centro de gravedad esté enfocado en la resolución de esta encrucijada social en la que nos hallamos, y a la cual la inercia del actual Plan, no sólo no la resuelve, sino que nos condena a todos a consecuencias inimaginables en un futuro no muy lejano.

¿Cuáles deberían ser, entonces, las estrategias que aplicadas simultáneamente desde una propuesta integral, nos brinden las alternativas laborales para atacar desde diferentes ángulos la solución al segmento de Plena Actividad Laboral?

3.2. Propuesta de Proyecto Productivo para los trabajadores del P.I.S. del segmento de plena actividad laboral.

A nuestro criterio las estrategias viables que otorgarían alternativas laborales para las personas que están en el segmento de plena actividad laboral son las siguientes:

En lo Económico y Social:

En este ámbito, que es donde deben decidirse los diferentes Planes de Inversión, sean los acordados con la Nación y de allí su fuente de financiamiento o bien los que se elaboren en base a recursos propios de la Provincia, es fundamental tener como objetivo el diseño del nuevo Perfil Productivo que se busca y como premisa la mayor generación de empleo incorporado al mismo.

Es decir, las variables de Inversión – Producción y Empleo no pueden ser ni independientes ni excluyentes entre sí, en la elaboración de una ecuación económico – social cuyo producto final sea el futuro bienestar de nuestro pueblo.

De inversiones improductivas tenemos ejemplos de sobra y a la vista en nuestra realidad provincial; de producción concentrada en pocas manos, la de los grandes inversores y de escasa generación de empleo permanente y genuino, también tuvimos muestra suficiente con el ocaso de los beneficios de los regímenes de Promoción. En cambio, si la variable de referencia sobre la cual se orientan las Inversiones y se diseña el Plan Productivo, es el Trabajo en su más amplia connotación Social, privado o público, dependiente o autónomo, con gestión estatal o autogestionado, entonces sí podríamos abordar esta encrucijada que nos desafía, con otra mirada y otro optimismo.

En principio hay que fijar un orden de prioridades, atento a las oportunidades que comienzan a manifestarse en el orden nacional como a las necesidades y potencialidades de desarrollo de nuestras regiones interiores, así como a las de carácter urbano.

Si decimos por ejemplo, Agroindustria y Biotecnología, Minería e industrias extractivas, Turismo y desarrollo de las Comunicaciones o Plan Ganadero Integral, son los ejes sobre los cuales vamos a asentar un nuevo perfil provincial, entonces las Obras de infraestructura o la inversión en Servicios que gestionaremos con financiamiento de Nación, las que encaremos con nuestros propios recursos, o las que alentaremos por vía de diferentes beneficios (impositivos, crediticios o energéticos) en el sector privado, tendrán como ejes esos sectores previamente definidos y un estimado de mano de obra empleada como consecuencia.

Empleo que habrá de calcularse a priori no sólo referido a las áreas que elegimos potenciar en el Plan de Gobierno, sino aquel que demandarán las Obras que haya que realizar o los Servicios que se habrán de prestar en el devenir del proceso.


Cuarta Parte: Ejes más importantes del enfoque laboral.

El eje de la civilidad se refiere a la promoción de una ciudadanía basada en los derechos civiles, sociales, políticos y económicos más que en los «derechos de propiedad» que acaban justificando el acaparamiento de consumos y la diferenciación en el acceso a las provisiones.
El eje de la densidad social se relaciona con lo tupidas que deben ser las redes sociales, lo que se ha llamado por muchos la «densificación del tejido social». Esto equivale al fomento de una cultura de la participación y de la asociación, tanto en el terreno de la solidaridad civil, religiosa o de cualquier tipo. Este pilar implica la multiplicación de tareas realmente incluyentes, innovadoras, flexibles, de cercanía. Con otras palabras, no hay civilidad mientras no hay explosión de redes sociales y coordinación de las mismas.
El pilar de la educación es que absorbe gran parte de la atención, porque es como un agujero descubierto en el subsuelo y cuyo taponamiento y refuerzo puede tragarse todas las inversiones y todos los esfuerzos de una intensa tarea educativa. Escuelas, familias, asociaciones de todo tipo, iglesias y comunidades de convicción, etc. no pueden desentenderse del fomento de actitudes de búsqueda de valores comunes, algo cada vez más frágil y menos estimado. De esa fragilidad y minusvaloración se aprovecha la constelación de intereses económicos que cada día aparece más poderosa, precisamente por su concentración. Dado que la sociedad civil y la sociedad política tienen su punto de apoyo en las convicciones de la ciudadanía, sólo la inversión en convicciones para la ciudadanía presionará hacia un nuevo pacto o contrato social.
El pilar de la interculturalidad es el reconocimiento del otro, muchas veces en su diversidad ingrata (no agradecida), que es fruto de la educación moral y cada vez más se va a manifestar en diálogo de culturas que necesita ser auténtico. Con este pilar nos hemos topado y es el que afecta a las minorías mayoritarias en los países occidentales. Quiero hacer referencia a ese marco y mucho más allá de las diferencias raciales visibles, porque hay que entrar en el basamento de los valores culturales que coexisten, a fin de asumir e integrar. No nos conformamos con verificar la evidencia de que ciudadanías de segunda clase, vergonzantes y ocultas, vivan en sus ghettos o mezclados con los demás, que tengan más o menos peso político basado en su singularidad. Sin ese diálogo estaríamos introduciendo, cada vez más un caballo en Troya, en lugar de atender a elementos de la cultura y valores ajenos que enriquecen en su heterogeneidad –y por tanto en su dificultad– «nuestra» (la de los que se la hayan podido apropiar) cultura de acogida.
Por último, el pilar de la responsabilidad que es el que toca a los que «tiene que responder de», a los que «tienen que responderante»: es la re-fundamentación de la política y de lo político, la renovación que sitúa adecuadamente los valores que guían el comportamiento en la polis, tanto de los profesionales de la política como de todos los actores políticos, que en una sociedad de la participación somos todos. Volver a descubrir y prestigiar lo político quiere decir que no es posible que los valores de la polis se subordinen a las exigencias mercantiles no controladas. Se necesita descubrir en todo ciudadano –mucho antes que en todo consumidor- al homo politicus que llevamos dentro. «Políticos del mundo, ¡uníos!» es muchísimo más que acuerdos post-electorales, porque requiere procesos múltiples de negociación por parte de todos los actores políticos. Se ha demostrado hasta la saciedad que los actores políticos tradicionales y profesionalizados «son necesarios pero no son suficientes».
Estos pilares deben ser los apoyos de una construcción para el desarrollo humano y social, cuya fortaleza y prioridad irán movilizando, en función de las debilidades sociales de cada momento[5].
La producción y la posibilidad de crecimiento con inversión son muy importantes en la generación del verdadero empleo.



[1] INDEC – base evolución de la EPH – aglomerado San Luis – El Chorrillo
[2] Ley Nº I-0001-2004 (5411)
[3] Discurso del Gobernador inauguración de Sesiones Legislatura de San Luis, Mayo 2003.-
[4] El presente epígrafe es una síntesis del trabajo del especialista en esta temática y Dirigente Político de la Agrupación Confluencia, el Sr. Alejandro Quintana.
[5] Referencia Política social e inclusión social LUIS VILA LÓPEZ