El monólogo de Amado Boudou de ayer al mediodía ante las cámaras se inscribe en la denominada “gran Jaime” o “gran Schoklender”. O sea, la amenaza de revelar secretos muy sensibles para el poder, en caso de que la Presidente se niegue a brindar protección política y judicial. A este recurso, con distintas modalidades, echaron mano el ex Secretario de Transporte y compinche de Néstor Kirchner y el célebre parricida que fue símbolo nacional de los Derechos Humanos. Ambos dejaron en claro que, si aumentaban los riesgos de sufrir prisión preventiva, estaban dispuestos a revelar datos que demostrarían que el fundador del régimen no fue el prócer que mereció un mausoleo sino un político muy corrupto, cuya herencia mantuvo intacta CFK. Así es que ambos siguen sin estar procesados por la Justicia Federal, que se encuentra en una crisis que algunos ex magistrados califican como terminal, debido a la injerencia descontrolada del gobierno en Comodoro Py.
Vale todo
Pero resulta extraño que el vicepresidente haya afirmado que lo visitaron en dos ocasiones representantes del estudio jurídico García Labat Musso Righi. Éstos le habrían ofrecido la gestión de tráfico de influencias para cubrirle las espaldas en Comodoro Py, por lo cual la denuncia penal que interpondrá Graciela Ocaña por haber omitido Boudou denunciar esta tentativa de delito se ajusta a la realidad. Se trata del viejo estudio del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, del que participan las esposas del ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y del propio Righi, además de su hijo.
La realidad es entonces que, para defenderse, ayer el vice optó por denunciar indirectamente a Righi y a su estudio, que se ocupa de muchas de las defensas de funcionarios K denunciados por casos de corrupción. ¿Debe interpretarse esto como una torpeza más de Boudou o como una amenaza indirecta a la Presidente? El mensaje parece ser: “si yo caigo, me los llevo a todos puestos”. Apuntando en la misma dirección, el vice reconoció que tuvo más de 20 causas penales y que los jueces cerraron 18 de ellas por tratarse sólo de denuncias mediáticas. Pero la verdad es que se habrían cerrado porque varios jueces federales sobreseyeron para quedar bien con el Gobierno. Todo hasta que apareció la causa Ciccone, que este año tomó impulso por las denuncias de Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vanderbroele, presidente de Old Fund, la sociedad que controla Ciccone, y presunto testaferro del vice. A partir de ahí, el fiscal Carlos Rívolo empezó a investigar cosas obvias, de las que otros fiscales no se habían ocupado, y el juez federal Daniel Rafecas lo acompañó como nunca hizo un magistrado desde que comenzó el kirchnerato. Esto es más que suficiente como para motivar la furia de Boudou, que lo criticó duramente y lo integró a la “mafia de Magnetto”. El abogado del socio de aquél, José María Núñez Carmona, Diego Pirota, socio, a su vez, del sushi Darío Richarte, pedirá el lunes próximo la recusación del juez. Hasta ahora es bien cierto que desde Olivos se impidió que Jaime y Schoklender fueran procesados por Norberto Oyarbide. Invocando sus derechos como segunda figura del Gobierno, Boudou estaría esperanzado en que la recusación de Rafecas prospere y que, sorteo transparente mediante, sea reemplazado por el magistrado adecuado: Norberto Oyarbide.
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