LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO Y LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS
Si
se confunde Gobierno con Estado e información con propaganda, todo lo
que se haga en nombre de la “Ley de Medios” termina teñido o
distorsionado por esa concepción. Es lo que sucedió ayer en el Salón
Delia Parodi del Congreso de la Nación, donde acudí a la “Primera Jornada de Promoción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, organizado por la
Defensora del Público, un instituto novedoso, cuyo ámbito de actuación
es la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual. Mis reparos a la Ley no me impiden reconocer como uno de
sus aspectos más auspiciosos el que exista una institución que canalice
los reclamos, las denuncias y las consultas de la ciudadanía,
destinataria de lo que se proclama: la democratización de los medios
audiovisuales. Sobre todo porque creo, además, que por hablar tanto de
la titularidad de los medios y del poder económico postergamos lo que
debemos construir como valores compartidos, la cultura democrática,
basada en los Derechos Humanos. Por eso, no dudé en participar de la
jornada, ya que además de integrar la Comisión Bicameral tengo la
convicción democrática de que debemos construir una cultura de respeto e
igualdad.
Como
puedo reconocer la honestidad personal, no necesito descalificar a las
personas para fortalecer mis argumentos o ideas. Ni rehúyo el debate. Y
con ese espíritu, como legisladora que representa a una parte de la
ciudadanía, como la periodista que lleva años trabajando a favor de la
democratización de la cultura política de nuestro país, me pareció que
el encuentro era un lugar apropiado para manifestar o plantear la que es
una gran preocupación de muchísimos argentinos, ya no sólo la falta de
pluralidad en los medios públicos sino la burla y la descalificación a
la que somos sometidos quienes somos críticos u opositores al Gobierno,
en programaciones que violan claramente el artículo 70 de la Ley[1].
Al igual que la preocupación que manifiestan los periodistas de mi
Provincia que trabajan en Radio Nacional y ven desplazados los programas
locales en beneficio de lo que se produce en la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el acto se cerró sin que las dos senadoras de la oposición
presentes, Laura Montero y yo, pudiéramos siquiera hacer uso de la
palabra. Y lo que debió ser una audiencia volvió a convertirse en un
acto de gobierno, ya que se trató de firmar un documento de ratificación
de la Ley y no el primer paso para ir construyendo efectivamente el
respeto al otro, de igual a igual, que eso y no otra cosa son los
derechos.
Si
se demoró tres años para designar a la Defensora del Público resulta
necesario pedir mayor celeridad para cumplir con el artículo 134 de la
Ley, que establece como una de las atribuciones de Radio y Televisión
Argentina la de promover la aprobación de un código de ética en los
medios públicos, ya que no pertenecen a un gobierno sino a todos los
argentinos. Le corresponde a quien ocupe la Defensoría del Público
persuadir y “militar” no a favor de un gobierno sino de los derechos de
los ciudadanos, que son precisamente universales y plurales.
Se
perdió una gran oportunidad, donde hubiera contado con nuestra
colaboración a la hora del debate, ya que como la actual Defensora he
pasado por la academia, pero conozco la lógica de las redacciones. Y
sobre todo, como militante de los Derechos Humanos, porque desde que
recuperamos la democracia vengo batallando en defensa de los medios
públicos, por el derecho a decir y la independencia de los periodistas,
la “cláusula de conciencia” -que presenté como proyecto- o la
incorporación de la doctrina de la real malicia en el nuevo Código Civil
para que las demandas de reparaciones de dinero no actúen como una
nueva censura. Por eso, viví como un gran contrasentido que en nombre de
los derechos no haya podido expresarme en la que por ahora es mi casa
transitoria, el Congreso de la Nación.
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Norma Morandini
Senadora nacional
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