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26.9.17

Tomará estado legislativo el pedido de informes por los 80 millones de pesos

La oposición cuestiona el trasfondo familiar del uso del dinero y critica que la ejecución de las políticas públicas se deba hacer a través de fundaciones. .El hecho de que se haga, además, en un contexto de campaña electoral, lo hace más sospechoso.
El pedido de informes solicita al gobernador Alberto Rodríguez Saá:
  1. Antecedentes debidamente acreditados en materia de emprendedurismo que registra la fundación.
  2. Recursos económicos propios de la fundación que afectará a la ejecución del proyecto.
  3. Detalle de los objetivos cuantificables del proyecto Mujeres Puntanas Emprendedoras.
  4. Detalle de bienes de uso e insumo a adquirir por la fundación con los fondos públicos, indicando y acompañando, los estudios previos realizados para determinar la necesidad, características y cantidad de los mismos, munido de los respectivos presupuestos aportados por los proveedores correspondientes en cada caso.
  5. Detalle de profesionales y personal afectado al proyecto, indicando la forma de vinculación contractual con la fundación y los antecedentes curriculares en la materia de cada uno de ellos.
  6. Detalle pormenorizado y justificado de otros gastos que demandará la ejecución del proyecto
  7. Plazo de ejecución y lugar de localización del proyecto.
  8. Garantías requeridas a los efectos de salvaguardar los fondos públicos entregados en subsidio.
  9. Partidas presupuestarias que fueron disminuidas para el aumento de las partidas presupuestarias que demandó el otorgamiento del subsidio
  10. Las razones por las cuales se le dio un trámite preferencial al trámite de marras

La solicitud que es muy probable que sea rechazada por el oficialismo provincia puede tener una posible intervención de la justificia federal. El posible uso en la campaña electoral de estos recursos habilitarían a que ese fuero, y no el provincial, lleve adelante una investigación con mayores garantías de imparcialidad. Podría tipificarse en los delitos de "malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública", más allá de lo estrictamente inherente al manejo de fondos para la campaña.

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